Si la Junta Central Electoral (JCE) tiene que pedir excusas, o pagarle los fondos retenidos al consorcio Soluciones Modernas (SOMO), lo hará en función de lo que determine la auditoría legal, financiera e informática al contrato de automatización de registros civiles y electorales.

Así lo explicó Francisco Féliz, miembro de la Cámara Administrativa de la JCE, quien se refirió en esos términos al ser consultado sobre los reclamos que hace esa empresa para que la entidad cumpla con sus compromisos financieros.

“Queremos que sea la auditoría la que hable”, dijo el funcionario al destacar que está en proceso de licitación la contratación de la empresa que realizará el experticio al contrato de la SOMO.

En 2004 la JCE firmó el contrato con la SOMO, mediante el cual esta automatizaría el registro civil y electoral, a un costo de US$65 millones.

 La empresa  exige a la Junta Central Electoral el pago de US$9 millones por concepto de los trabajos realizados, antes  que se paralizara el contrato.

El convenio con la citada compañía ha estado salpicado de denuncias de supuestas irregularidades, razón por la cual el tribunal electoral decidió realizar una auditoría para verificar las imputaciones.