Invertir en el campus de la  Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para que la casa de altos estudios disponga de más aulas, oficinas administrativas  y servicios conexos es invertir, genuinamente, en una infraestructura  de alto interés social.

El provecho que redunde a la UASD el crecer en instalaciones y medios útiles al estudiantado se transfiere por más de una vía a la sociedad como un todo.

La procedencia de los integrantes de la gran familia que constituye esta academia estatal es tan amplia como el territorio nacional. Es la universidad del Estado y su influencia, en lo positivo o lo negativo, se proyecta a toda la nación.

Aunque a sus aulas acuden miembros de todas las clases sociales –lo cual le permite operar como fragua que homologa a los dominicanos sin excepciones– se trata también de la universidad por excelencia de los sectores humildes; la  que les resulta más accesible.

Para este país es una bendición que la academia superior que más experiencia ha acumulado en la formación de  profesionales, destacándose muchos de ellos en los roles que prestan a la sociedad, sea al mismo tiempo el centro que acoge, en función del bajo costo de la matriculación, el mayor porcentaje de los jóvenes dominicanos que  cada año emprenden la formación universitaria.

Es un gran acierto del gobierno el que, tratando de ir más allá de lo que es la obligación presupuestaria anual, haya dado  inicio a un programa de modernización de la casa de estudios con obras que costarán 2,500 millones de pesos.

Hay que decir que la universidad más antigua del Nuevo Mundo se ha hecho muy merecedora de tan significativo respaldo. Sus autoridades, profesores y alumnos son un ejemplo, con acrecentado brillo en los últimos decenios, de laboriosidad y armonía.

Con un excelente apego a sus programas de  docencia, la UASD marcha hacia el futuro.

Costo de la electricidad

El administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero Radhamés Segura, informó antier que un estudio realizado por la Distribuidora de Electricidad del Este (EDE-ESTE), estableció que 40% de las familias pobres del país no tiene capacidad para pagar la energía que consume.

Aunque se trata de un hallazgo  estadístico buscado  para reforzar el criterio de que la luz debe estar subsidiada para los  sectores de bajos ingresos,  ayuda a comprender  y a fijar criterios sobre otros aspectos del problema energético.

Lo primero es que el diagnóstico reafirma que la generación de electricidad se logra aquí a unos costos insostenibles para los usuarios. Muchos de los que, en teoría, sí pueden pagar la luz y que están comprendidos en la clase media, lo hacen con severos perjuicios para sus presupuestos.

No pocas veces, negocios de todos los niveles perecen por culpa de la alta facturación de un servicio esencial. Se trata de un insumo que debería auspiciar el crecimiento y el progreso de la nación, no frenarlo. A ninguna parte llegaremos si la electricidad persiste como onerosa e insuficiente.

Lo segundo: el hoyo de los fraudes y de la evasión de responsabilidades de pago que perjudica al sector eléctrico es obra de  grandes consumidores.

Los tramposos que verdaderamente dañan las finanzas de los agentes del sistema eléctrico, con perjuicios finales para el país en sentido general, hay que buscarlos en los niveles sociales y económicos altos.

Si el gobierno y las edes no tienen valor ni voluntad suficientes para enfrentar el delito de robo de luz en los ámbitos superiores de la colectividad, resultan cómplices por omisión en la crisis permanente a que da pie la falta de cobro de la energía servida.