Los tres acusados de cometer actos ilícitos a través de sus funciones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) fueron enviados a prisión por ocho meses como medida de coerción.

La orden contra Alejandro de los Santos, Yoel Soriano y Julio Rafael Pérez Alejo fue dictada por el juez de la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas.

Los imputados, a quienes se les acusa de extorsión, soborno y estafa contra los contratistas beneficiados por el Ministerio de Educación con obras de construcción de planteles escolares, deberán cumplir la medida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

El juez Vargas también acogió la solicitud presentada por los fiscales Wander Cubilete y Milcíades Guzmán, de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y declaró el caso complejo.

Al motivar su decisión, el juez dijo que hacer negocios desde el Estado valiéndose de su función debe tener sanción, y que si bien la práctica denunciada en la Oisoe no es algo nuevo, pues se ha vuelto una costumbre en las instituciones estatales, es un desorden que no debe prevalecer.

El caso salió a la luz tras la el presunto suicidio del arquitecto David Rodríguez en un baño de la Oisoe. Este dejó dos notas en las que señalaba al arquitecto De los Santos y al ingeniero Soriano Fabián como ladrones que le habían llevado a incurrir en deudas que él no podía pagar.