El lunes 27 de este mes -es decir, dentro de una semana- el país abandonará el estilo francés para acogerse al anglosajón en todo lo que concierne a persecución del delito y administración de justicia.

Hay quienes creen que el Código Procesal Penal que inauguraremos desde entonces favorecerá al delincuente. Esta creencia, mal fundada por cierto, está basada en el énfasis que da el nuevo código a la preservación de los derechos de toda persona sospechosa de haber delinquido, derechos que en la actualidad son violados desde la fase primaria de cualquier investigación. De cualquier modo, se trata de un aspecto que puede motivar interesantes debates en la medida en que se vayan presentando casos que aludan el tema.

En lo que sí hay que insistir es en que la Policía, que es auxiliar de la Justicia, se someta a los dictados del Código Procesal Penal en lo que concierne al papel del Ministerio Público y su preminencia en la dirección de las investigaciones. Este aspecto es, quizás, el más difícil de todos los que tienen que ver con los cambios que entrarán en vigencia el lunes próximo. Desde siempre, los policías han arrestado, «trancado» e interrogado personas sin que nadie que no sea también policía les trace pautas. Ahora habrá que adaptarse a que sea una persona civil -un fiscal- quien tome las riendas de las investigaciones, acostumbrarse a que un detenido tenga derecho a negarse a declarar sin la presencia de un abogado y habrá que suprimir «técnicas» de investigación muy cuestionables, entre las cuales están los denominados «operativos» que consisten en el arresto de personas sin ton ni son.

La sociedad dominicana aspira y necesita cambios cualitativos en la persecución e investigación de crímenes y delitos, sin que medie más ejercicio de la fuerza que el que autoriza la ley, en un ambiente en que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos y que la autoridad, a su vez, se haga valer por la verticalidad de sus actos y el respeto de los derechos.

¿Necesidad o temeridad?

La foto de portada de la mayoría de los diarios, en su edición de ayer, recoge la forma en que el río Ozama cubrió las viviendas de decenas de familias residentes en La Barquita, La Zurza, La Ciénaga y otros barrios.

Y hay que decir que la suerte de las familias que habitan esas viviendas es que la tormenta Jeanne no provocó en esta parte del país efectos tan dramáticos como los ocasionado, por ejemplo, en las regiones Este, Noreste, Norte y Noroeste.

Ante el panorama captado por los fotógrafos, no se sabe a qué atribuir el hecho de que mucha gente viva tan cerca del peligro, tan a merced de tragedias en potencia. La condición de pobreza siempre haceaceptable y creíble el argumento de la «única alternativa», al que recurre mucha gente para salir del paso a la hora de explicar una decisión o situación.

Quizás, y sin quizás, sería útil que las autoridades guardasen estas gráficas como parte del inventario de lugares altamente peligrosos, en los cuales no debe permitirse la construcción de viviendas. Si hubiese estado prohibida la construcción de viviendas en las franjas de La Barquita, La Zurza, La Ciénaga y otros barrios cercanos al Ozama, de seguro se hubiese desplomado el pretexto de «única alternativa» que explica la presencia de estas viviendas tan cerca del peligro. Esas fotos muestran la endeble frontera entre necesidad y temeridad, hechos que aquí han sido avalados por la irresponsabilidad.