EDUARDO KLINGER PEVIDA 
El título de este trabajo es un aporte del FMI que en un reciente estudio ha vuelto a resaltar la contramarcha socio económica que significa el problema de la corrupción en cualquier nación. La dirección de la institución financiera, tan históricamente cuestionada, informa haber aprobado un “nuevo marco de trabajo” para abordar en sus informes lo relativo a la gobernabilidad y la corrupción en los países. En sus diagnósticos y recomendaciones a las naciones incluirá, en su propio decir, “un enfoque más imparcial, efectivo y generalizado”. Aclara el Consejo Ejecutivo que no significa que siempre en sus informes habría señalamientos sobre aspectos de corrupción sino solo cuando consideren que su gravedad implique “un riesgo macroeconómico”. Para ese objetivo se basará en datos de organizaciones especializadas. Los directores ejecutivos a la vez que toman esa decisión no omiten su preocupación de que esa acción pueda ser interpretada como “intrusiva y estigmatizante” y por ello evitarían que de sus estudios sobre corrupción no se desprendan “clasificaciones”. Sin dudas podría ser una gran ayuda para la sociedad civil que se señalen objetivamente incidencias corruptas siempre y cuando no se conviertan en instrumentos para objetivos políticos de otra índole y permitan que se utilicen por otros actores para sus fines geopolíticos.
Reconociendo que el cáncer de la corrupción tiene lo que llama “el lado de la oferta”, en referencia a empresas privadas como fuente de sobornos especialmente, pero no únicamente, en nuestros países. el FMI dice que solicitará a sus miembros que accedan a que le realicen un análisis de “sus sistemas legales e institucionales”. Sin embargo, en muchos lugares el problema no es la existencia o no de leyes adecuadas sino su observancia. En el mundo en que vivimos nadie puede dudar los inmensos recursos que se desvían de los cauces debidos hacia bolsillos públicos y privados. El BID ha resaltado que en la región se oye un “clamor” que exige “respuestas más efectivas que las observadas” contra la corrupción que corroe nuestras sociedades y advierte que si no se asumen “pueden erosionar la fe en la democracia misma”. El presidente del BID ha recordado, apuntando a todos lados, que el “buen funcionamiento de la Administración Pública es clave para recuperar la confianza y fortalecer la integridad; y el sector privado asumir su responsabilidad y combatir la falta de ética a la hora de hacer negocios”.
Un reporte reciente de Transparencia Internacional exponía el ranking de corrupción en que se situaban los países latinoamericanos en su análisis mundial. Los cinco mejor posicionados, los menos corruptos de la región fueron, en ese orden, Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba y Argentina. Bien atrás en la lista aparecen igualados en la posición 135 Paraguay, México, Honduras y República Dominicana. Más rezagados vienen Nicaragua y Guatemala y los peores son Venezuela y Haití. Estados Unidos se sitúa en el lugar 16 y Canadá en el 8. Se advierte que en la región se ha avanzado poco en la lucha contra el flagelo de la corrupción.
