La herramienta de más notorio uso por los delincuentes que llevan armas de fuego en República Dominicana es la motocicleta con una muy alta presencia en asaltos y homicidios sirviéndoles a los autores de hechos para burlar raudamente toda persecución inmediata. Es también el vehículo simple que más luto lleva a las familias a causa de accidentes de tránsito, renglón en el que este país le lleva la delantera al resto del mundo. El variado empleo mortal de las motos tiene un marco común: el control de la autoridad sobre la circulación transgresora con ese medio de locomoción es impresionantemente escaso: redadas aisladas con despojos transitorios para luego incurrir en reincidencia. Esfuerzo insuficiente por imponer la legalidad en vías públicas en base a leyes de poco efecto represivo.
Bastaría asomarse a los registros oficiales de expedición de licencias para conducir y otros documentos de porte obligatorio para convencerse de que la permisividad para desplazarse como chivos sin ley sobre dos ruedas es un factor importante en el auge de la criminalidad. Sin un vasto cuerpo de agentes que velen por el respeto a las normas creadas para defender la vida y bienes de los ciudadanos, y que por tanto actúe contra las flagrantes y masivas violaciones de tránsito practicadas por motociclistas, se da por sentado que la delincuencia se siente con campo abierto para estar al ataque por doquier.

El mprescindible tamiz de la JCE

Por su calidad moral, legitimidad y competencia técnica, la Junta Central Electoral no debe ser sorprendida por ningún invento de última hora para salir del atolladero que priva al país de leyes para regir comicios y actividades partidarias. Ningún súbito parto legislativo debería emerger a espaldas del máximo organismo electoral.
Ya se demostró que el proyecto de ley que inicialmente impondría las primarias abiertas y que el Senado aprobó al vapor es inaplicable por contener errores elementales e incongruencias. Es desacertado ignorar las iniciativas que para garantizar el normal y equitativo desarrollo de los asuntos de su competencia ha enviado la JCE al Congreso. El siguiente paso errado sería imponer reglas de juego que no se ajusten a la capacidad operativa y estructural del organizador de las elecciones.