Hay muy pocos lugares donde ir a vender tapas metálicas de alcantarillado, rieles o trozos de puentes, pero en este país no hay autoridad para ponerle fin al robo de objetos de este tipo.

También son contados los lugares donde se pueden vender luminarias o cables eléctricos de semáforos, pero aquí el robo de cosas como esa es ya una rutina.

Aquí resultan ser juegos de kinder garden prácticas que parecerían muy difíciles, como es el caso de desmantelar impunemente el alumbrado de un puente como el Juan Bosch o llevarse los alambres de decenas de semáforos en una ciudad abarrotada de celosos policías.

En numerosos puntos del país las vías férreas están siendo robadas. Hace poco, unos bellacos cortaban con acetileno partes del llamado puente rojo que une la comunidad de San Luis con la sección Chirino, de Monte Plata.

Por más que se quiera hacer creer lo contrario, este país está a merced del pillaje y no parece haber policía ni nadie capaz de detener esta práctica. Que todo esté ocurriendo durante el período de transición puede ser coincidencia, sospechosa, pero coincidencia al fin.

Todo es parte de lo que parece ser una cultura arraigada en la República Dominicana. Hubo un período de transición en que desaparecieron del Palacio Nacional desde las vajillas hasta los acondicionadores de aire. Pillaje a todo dar.

Ahora se dice que la construcción de una descomunal presa en China ha provocado una demanda también descomunal de metales, que están siendo reunidos en el mundo entero. Nuevamente decimos que hay muy pocos lugares a los que puede ir a parar tanto metal robado, pero como no hay más ciego que quien no quiera ver, no nos queda más remedio que seguir a merced del pillaje, del que cometen los pillos y también sus cómplices por omisión o comisión.

[b]Sin borrón[/b]

A propósito de la valiosa resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que los países miembros se comprometen a denegarle albergue a personas acusadas de corrupción en sus países de origen, cabe hacer prudentes anotaciones sobre el compromiso que ello entraña.

La resolución en cuestión no serviría de mucho en la lucha contra la corrupción, a menos que cada Estado se comprometa a perseguir y castigar a los corruptos internamente, sin borrón ni cuenta nueva.

Muchos corruptos no emigran a otros países, sino que compran impunidad en su lar nativo y disfrutan como reyes los bienes sustraídos al Estado. Para éstos, el compromiso de los miembros de la OEA es poco menos que letra muerta.

Cada Estado miembro de la OEA debería apuntalar esta valiosa resolución con actitudes que en cada país tengan por objetivo ponerle freno al saqueo del erario y las propiedades y bienes de los pueblos.

Borrón y cuenta nueva es una frase que en nuestro país tuvo sus méritos cuando, depuesta la tiranía trujillista, iniciamos andanzas por los trillos de la democracia y era necesario unificar a los dominicanos. En cualquier país, fuera de un escenario semejante, el olvido del delito cometido contra el bien común es una figura odiosa, una denegación vergonzosa de la justicia que merecen los pueblos. La resolución de la OEA necesita ese espaldarazo en cada Estado miembro.