Para generar un Estado justo, en libertad y solidaridad; gestor y promotor del bien común, cuyo caparazón de protección sea el Estado social, democrático y de derecho, lo que haría falta es institucionalizar el propio Estado y asumir sin ambigüedad y doblez el respeto y cumplimiento de la ley, es decir, que gobernantes y gobernados, autoridades a todos los niveles y ciudadanos o representados, sean estandartes de valores y principios y de acatamiento irrestricto del imperio de la ley.

Parecería que en nuestro país hay varias generaciones desiertas, en el limbo o perdidas, si partimos del respeto entre los miembros de las familias, la convivencia humana, la autenticidad y el empeño de la palabra, como pacto social y compromiso moral que prevalecía, si miramos retrospectivamente con ojos clínicos y comparativos de hace 4 a 5 décadas.

Los titulares de prensa desde su más amplio espectro retratan un país que se llama República Dominicana con grandes problemas, dificultades, carencias y urgencias. Esas reseñas noticiosas nos ponen los pelos de punta cuando al amanecer y al despedir cada día nos refiere la ocurrencia de una altísima cantidad de feminicidios, muertes neonatales, altos índices de accidentes de tránsito, captura de grandes cantidades de cargamentos de drogas, asesinatos y crímenes a mano armada a ciudadanos indefensos; sicariato, atracos, robos; asombrosos escándalos de corrupción por parte de funcionarios, acompañados de impunidad, violencia intrafamiliar, hospitales en deterioro, carestía de productos en la canasta familiar y el titular constante y semanal de subida de los precios de los combustibles.

La ciudadanía ha asumido hasta cierto punto, una actitud de extrema tolerancia, sumisión, apatía y resignación ante las autoridades temerarias, absorbentes, absolutistas, con tintes dictatoriales, intolerantes, avaros, petulantes, prepotentes y engreídos que han tomado el presupuesto de cada año para activar una maquinaria clientelar y politiquera acallando, domando y silenciando a las franjas más desposeídas del país con migajas de un famoso plan social de la presidencia.

Hay frases salidas de las entrañas mismas de nuestro pueblo que hablan por sí solas: “el día más claro llueve”, “no es más oscura la noche que cuando va a amanecer”, “algún día ahorcan blancos”, “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”.

Si bien es cierto las medidas asistencialistas han vuelto más conservador al pueblo dominicano, también es cierto que late una gran esperanza. Hay muchos que orientan y guían, como la iglesia católica, otros iglesias e instituciones de la sociedad civil. Esas personas a las que nos referimos la mayoría de ellas desde sus instituciones son gestoras de cambio y liberación. Hay muchos grupos sociales que hacen las mismas tareas en la base misma de la sociedad y que están diseminadas por todo el país.

Marcha Verde ha dejado un enorme fermento hacia el compromiso ciudadano para su empoderamiento de las causas más justas y para contrarrestar el maleficio de la impunidad y la corrupción. Marcha Verde con su fuerza plural diversidad y firmeza por la transparencia y la honestidad en el manejo de la cosa pública ha motorizado y despertado en cierta medida, una profusa indignación y rebeldía en contra de las autoridades y el gobierno peledeísta, que ha convertido el Estado en un botín para el despilfarro y el dispendio sin medidas.

Es alentador ver que nuevos bríos, energías y voluntades se levantan para desplazar sin más espera ni titubeos a un gobierno que ha secuestrado el fervor, ardor y entusiasmo de la juventud dominicana, llevándolo al extremo de envilecerlo, anonadarlo y alienarlo bajo la sombra del narcotráfico, bancas de apuestas y demás juegos de azar.

Asumir los principios y valores de la dominicanidad y defender a capa y espada nuestra soberanía y nacionalidad es el deber sagrado de cada dominicano y dominicana.