Detrás de los “tejemanejes”, promesas y mentiras en torno a la ley de Partidos y la ley Electoral, está la voluntad del grupo gobernante del PLD, de eternizarse en el poder político, económico y social.
Se trata de manipular con decisiones de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, como hicieron para dividir y desmantelar al PRSC, el PRI, y el PRD. El creciente repudio popular contra la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la crisis generalizada de los servicios públicos, se trata de ocultar ante la opinión pública con miles de millones de pesos en propaganda.
Las muestra más evidente del despotismo y cinismo vigentes, es lo que se hace con la ley de partidos y agrupaciones políticas, que después de 14 años de introducida por el CONARE a través de la diputada Licelotte Marte e incontables promesas de que sería aprobada; el PLD sale con la creación de una comisión de juristas, dizque para determinar si la constitucionalidad de las elecciones primarias con padrón abierto, cuando el artículo 216 de la Constitución incluido en el año 2010, dice taxativamente que la conformación de los partidos políticos es libre y que su conformación debe sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley.
Para confirmar el derecho soberano de los partidos a organizarse y elegir sus candidatos, el Párrafo 2, del mismo Artículo 216, señala: “Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana respetando el pluralismo político mediante las propuestas de candidaturas a los cargos de elección popular”.
Más claro ni el agua. Además, la Constitución es en esencia un pacto político accesible a todos y no sujeto a interpretaciones fuera de su texto escrito.
Por eso queda fuera de toda duda que cada partido tiene el derecho y el deber de definir su democracia interna, sin arrastrar a los otros a su suerte; mucho menos al precio de consultar con agentes pagados al margen del Congreso Nacional.
Todo parece indicar que el presidente Medina y su maquinaria política pretenden darse tiempo para sepultar la ley de partidos, y no modificar la añeja e inconstitucional ley electoral, que de acuerdo al Artículo 112 de la Carta Sustantiva de la Nación debe a ser sustituida por una ley orgánica, con una mayoría de dos tercios de ambas cámaras legislativas.
Ante esa situación, la única alternativa posible es la movilización de todos los sectores de la sociedad dominicana sin dar treguas, hasta que se recupere el derecho de todos a elegir y ser elegidos.