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A ocho años de cumplirse ayer la muerte de Joaquín Balaguer, continúan vigentes en la República Dominicana su pensamiento y prácticas políticas como el nepotismo, el autoritarismo y la corrupción, consideraron el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Emilio Cordero Michel; la socióloga Rosario Espinal y la politóloga Olaya Dotel.
Balaguer, quien murió el 14 de julio del 2002 a los 96 años de de edad, de un ataque cardíaco, gobernó el país durante 22 años. El fundador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) dirigió la República Dominicana en dos etapas 1966-1978 y 1986-1996.
Los entrevistados hablaron por separado.
Para el historiador Cordero Michel, Balaguer sólo ha desaparecido físicamente, al señalar que se observan restos de sus gestiones gubernamentales.
Dijo que Balaguer fue uno de los ideólogos y actor del nefasto régimen del trujillismo. Hay restos todavía del trujillismo en el país, el nepotismo, la criminalidad de la policía, el autoritarismo, la corrupción, lo único es que no había tantas drogas en esa época como hasta ahora.
Cordero Michel considera que el clientelismo es otra práctica producto de la concepción caudillista y del atraso político, no es nada nuevo ni el Presidente actual es el responsable.
Entiende que el país ha avanzado en lo que respecta al desarrollo económico, algo en lo político y en lo cultural.
Siguen ideas y prácticas
En tanto, Espinal consideró que en la República Dominicana se mantienen vigentes muchas de las ideas y prácticas políticas de Balaguer. El clientelismo, el caudillismo, el personalismo, las dádivas, la baja institucionalidad del Estado, el desdén por la educación del pueblo, el reeleccionismo y el destinismo. Estos son puntos centrales en los que, hasta el día de hoy, se enmarca la política dominicana, subrayó.
Herencias de Balaguer
De su lado, la politóloga Olaya Dotel cree que entre las prácticas heredadas de Balaguer por los actores políticos y gobernantes están el perfeccionamiento de los mecanismos clientelares dentro de la función pública, la centralización de la dirección política del estado y la instrumentalizacion de la fuerza de seguridad pública en función de los intereses del poder político y no de la ciudadanía.
