A pesar de las desbordadas ambiciones de políticos que anteponen sus proyectos personales sobre los institucionales y nacionales, colocando el país al borde de la ingobernabilidad, los dominicanos sencillos sabrán anteponer su sentido común para rebasar la crisis en la que nos han situado aquellos para quienes el poder representa servirse en vez de servir.[tend]

A pesar de los escándalos financieros causados por empresarios codiciosos, con la anuencia de los que deben velar por la solidez bancaria de la nación, los empobrecidos dominicanos sabrán sumar sus disminuidas energías para paliar la grave crisis económica por la que atraviesa el país.

A pesar de líderes sindicales simuladores, aliados de conveniencia de la clase política, los trabajadores dominicanos sabrán aportar su fuerza de trabajo como sobrada retribución de los injustos salarios que devengan.

A pesar de comunicadores sociales que reniegan de su compromiso de informar verazmente con la torcida intención de acomodar sus preferencias, el público dominicano sabrá discernir la verdad de la falsedad.

A pesar de una clase media generalmente indolente, la misma sabrá aquilatar la realidad dominicana y retirará su apoyo a quienes en forma consuetudinaria la han engañado pidiéndole su voto prestado para luego olvidarse de ella.

A pesar de una clase rica que para su supervivencia se ha visto en la necesidad de aliarse a gobernantes de turno, la presente crisis y sus repercusiones ha de abrirle los ojos y los sentidos a la verdadera importancia de contar con principios y reglamentos éticos que aseguren una más justa distribución de la riqueza.

A pesar de todo lo anterior, la presente crisis política, social y económica, si somos lo suficientemente sabios, nos ha de enseñar que: la democracia es responsabilidad de todos, por lo que debemos integrar en nuestros jóvenes una cultura democrática; que necesitamos nuevos líderes y organizaciones políticas; que se requiere adecuar nuestra constitución para disfrutar de una democracia más participativa y transparente; que el compromiso para luchar contra la corrupción, tanto en el sector público como en el privado, requiere de instrumentos legales e institucionales que sean sólidos y lo suficientemente autónomos, capaces de exigir la rendición de cuentas a jerarcas y a altos funcionarios; la reforma de la legislación electoral para que la misma garantice procesos electorales dirigidos por personas de incuestionable reputación e independencia de las consabidas presiones partidarias; una reforma de la ley de partidos políticos que haga posible la mayor participación de organizaciones y candidatos independientes, así como una profunda revisión en lo atinente al financiamiento de los partidos.

El tono más bien optimista de este escrito, sin embargo, pudiera verse alterado por una desafortunada decisión de la Junta Central Electoral (JCE). Podemos decir que sobre los hombros de los jueces de este poder del Estado descansa la presente gobernabilidad de la República Dominicana. La decisión que adopten sobre la situación de división del Partido Revolucionario Dominicano no solamente debe ser legalista, sino que también debe estar revestida de una cuidadosa ponderación de elementos justicieros que satisfagan a la mayoría de los intereses partidarios y nacionales, algo difícil y complejo de conseguir. Dado lo delicado de este asunto, debemos admitir que no podemos decir que a pesar de lo que decida la JCE, el pueblo dominicano lo aceptará resignadamente. Pedimos que las mentes de estos magistrados sean iluminadas al decidir el futuro político del importante partido blanco y, añadimos, del país.