El gran problema de los organismos internacionales no es que estén lastrados por la influencia de los países más poderosos. Ciertamente, en el Consejo de Seguridad de la ONU son visibles las directrices de los EUA, de Rusia o China. Pero lo decisivo es que los organismos internacionales no tienen territorio ni identidad. Operan “en abstracto”, pues no son ni de África, ni de Europa, ni de América. Los funcionarios pueden proceder de cualquier lugar del mundo; y pretenden ser “cosmopolitas”. No se colocan, ni siquiera imaginativamente, en el lugar de un chipriota, de un sirio, ucranio, dominicano o haitiano.

El pasado jueves apareció, en las páginas editoriales del “Listín Diario”, un valioso escrito del economista y diplomático Hugo Guiliani Cury, antiguo gobernador del Banco Central de la RD. Este escrito, titulado: “La única solución en Haití”, aboga por el establecimiento de un “protectorado” en la vecina república, intervenida desde hace años por tropas de Naciones Unidas. La figura jurídica del protectorado es definida en los diccionarios político-sociales del modo siguiente: “Soberanía que un Estado ejerce en territorio que no ha sido incorporado plenamente a su nación y en el cual existen autoridades propias que lo rigen”. Guiliani le llama “Gobierno Compartido”.

El autor del artículo estima que Haití ha sufrido ciclones, inundaciones, terremotos, la epidemia del cólera. Dice que los tres primeros males son obras de la naturaleza; en cambio, el cólera “llegó con la ONU y sus soldados”. Con lo cual sugiere que la “comunidad internacional” tiene buena parte de la responsabilidad en cuanto ocurre en Haití y, de paso, en las consecuencias que esa situación acarrea para la RD. En adición, Guiliani se permite recomendar al ex-presidente Clinton que se “convierta en abanderado” de la solución propuesta por él para la reconstrucción de Haití.

Ya era hora de que personas que no pueden ser tildadas de anarquistas o irresponsables, dijeran “lo que hay que decir” en defensa de nuestro país y de los vecinos. Lo que ordena la sentencia 168-13 es un “plan de regularización de extranjeros”, no de naturalización o de nacionalización. En mi entrega del sábado mostraba lo absurdo de ofrecer “soluciones políticas a problemas humanitarios”… en territorio ajeno asediado.