Hoy 
Todo el mundo conoce las cajas de música, las cajas de caudales, las cajas de muertos; pero difícilmente distinguimos o reconocemos las cajas de engaños. ¿Qué es una caja de engaño? Es un recipiente bien ornamentado, con aspecto moderno y revolucionario, cuyo contenido es un conjunto de medidas o disposiciones, de las cuales se predica que transformarán la vida nacional. Después que se abren estas cajas, y se despliega todo lo guardado en su interior, vemos claramente que no sirven para los fines previamente argumentados y publicitados.
Ese fue el caso de la privatización del sistema de producción de electricidad. Se regiría por una Ley General de Electricidad, habría un precio promedio en línea; las presas con generadoras hidroeléctricas actuarían como contrapeso y seguridad de todo el sistema. El Estado solamente tendría a su cargo las redes de transmisión. No hay que decir que nada de esto ha funcionado del modo que se anunció. El Estado controla casi todo; casi todo el país esta apagado; y casi todas las empresas eléctricas son ruinas.
El Código Procesal Penal es otro caso de caja de engaños. El corpus doctrinal había sido revisado por juristas avanzados, que pondrían al país en la vanguardia de la administración judicial. Seria un código garantista. Al llevarlo a la práctica se vio que no operaba en beneficio de la comunidad a la que pretendía garantizar los derechos al debido proceso. Se había pasado por alto lo principal: las costumbres de la sociedad y el talante de los delincuentes.
Con la constitución novísima que ahora discute la Asamblea Revisora, ocurrirá lo mismo que con el Sistema Eléctrico y el Código Procesal Penal. Desde la primera ronda acerca del método para modificar la constitución vigente: consulta popular, cámaras legislativas reunidas en Asamblea Revisora, elección de diputados a una Junta Constituyente, comenzaron a ponerse las tablas ensambladas de una caja de engaños. Los revisores se burlarán de los consultados, de los juristas sabihondos, de la Suprema Corte de Justicia, de los ciudadanos honrados que les eligieron, y que ellos dicen representar. El único principio constitucional que está claro para la revisora es el acuerdo Leonel-Miguel. Pronto nos remacharán los clavos de otra caja de engaños.
