Los periódicos de ayer reseñaron las palabras del rector de Unibe en el último acto de graduación celebrado por esa casa de estudios superiores.  El doctor Julio Amado Castaños expresó su preocupación ante las muchas carencias que sufre la sociedad dominicana.  Tenemos problemas con la energía eléctrica, con la salud pública, con la educación básica, con la seguridad ciudadana.  También el rector se refirió a los problemas migratorios que confrontamos actualmente. Sus palabras son las palabras de un educador, de un médico, de una persona ligada íntimamente a la administración de los servicios de salud.

En la misma edición del periódico aparecieron declaraciones del senador Wilton Guerrero Dumé acerca de la desmoralización general que aqueja al pueblo dominicano.  Esta vez el senador no abordaba ningún problema relacionado con el narcotráfico en la provincia de Peravia. Guerrero no es un educador, como Castaños; es un político preocupado por el rumbo tortuoso que ha tomado parte de la juventud dominicana.  Otro periódico trajo la fotografía del cadáver de un joven de 26 años, velado en el colmadón donde era parroquiano habitual.  Su madre declara que “fue bueno hasta los veinte años”.  Después de esa edad, la desobedecía desfachatadamente.

El joven murió durante un “intercambio de disparos”.  Tuvo un destino parecido al de otros muchos jóvenes que escogen el camino de la delincuencia.  Los economistas Carlos Despradel y Bernardo Vega, ambos ex–gobernadores del Banco Central de la RD, han manifestado su alarma frente al endeudamiento creciente del Estado dominicano.  Es obvio que estos profesionales están enterados del carácter de la crisis financiera en los EUA, de las perentorias necesidades de los países pobres que les obligan a endeudarse. 

Para colmo, algunos politólogos han hecho la crítica del “sistema de partidos”, del conjunto de la judicatura dominicana, de la Constitución a punto de ser promulgada.  El diputado Pelegrín Castillo ha dicho que no tenemos una “política de aguas”; ni hemos prestado atención a los derechos del mar; que el concepto jurídico de nacionalidad no está claramente definido en la constitución; tendrá que ser aplicado “administrativamente”.  Los educadores, congresistas, economistas, politólogos, que opinan sobre estos problemas, saben que ese “camión de volteo” no es responsabilidad de un sólo gobierno.