Hoy 
La elección del nuevo Papa Francisco opacó momentáneamente las noticias locales. Pasó casi desapercibida la información de que el gobierno dominicano había ordenado impedir la salida de un embarque de doré valorado en 485 millones de pesos. La empresa minera Barrick Gold se proponía exportar a Canadá seis mil onzas de oro y 20 mil de plata. El director de Aduanas explicó que el cargamento de metales preciosos no había sido verificado debidamente; es imprescindible saber si el contenido del embarque concuerda con la declaración hecha por los embarcadores. El director general de Aduanas negó que la detención del embarque esté conectada con las demandas del Presidente Medina sobre renegociación del contrato de usufructo.
El pasado 27 de febrero el Presidente de la República, en su discurso ceremonial de rigor, expuso a la nación la inequidad del contrato de explotación minera firmado con la Barrick Gold. A pesar de los altos precios alcanzados por el oro en los últimos tiempos, a la RD tocarían tres de cada cien partes del monto de las exportaciones. La Barrick quedaría con noventa y siete partes del producto de las ventas. Todas las personas sensatas del país estiman que debemos preservar la seguridad jurídica, respetar los contratos establecidos con firmas multinacionales; todo ello con la finalidad de que las inversiones extranjeras sigan fluyendo hacia RD.
Sin embargo, la riqueza del subsuelo es una riqueza no renovable, propiedad del Estado, que debe ser defendida por todo el pueblo dominicano. Especialmente en tiempos de crisis monetarias en Europa y déficit fiscal en los EUA. El precio del oro ha subido tanto porque Rusia, China, la India, han comprado grandes cantidades de oro para sus bancos centrales. Para el futuro económico de los dominicanos es esencial compartir el oro de manera más justa.
El contrato de arrendamiento minero del año 2002 fue modificado entre 2007 y 2009, de forma lesiva a los intereses permanentes de RD. El Presidente Medina tiene razón al proclamar que es inaceptable. Negociar es, pues, el único camino razonable para la compañía minera. Si ahora se comprueba que los embarques no contienen exactamente lo que dicen los documentos, tampoco habría otra alternativa diplomática viable para el gobierno canadiense.
