El sistema político dominicano está en trance de muerte.  Esa opinión no es de un sociólogo, de un filósofo o de un historiador; es la afirmación enfática de muchos políticos en ejercicio pleno, funcionarios y legisladores.  Ayer escuché las exposiciones del diputado José Ignacio Paliza, representante del PRD por Puerto Plata.

Además de quejarse de las incoherencias de su propio partido,  Paliza lamenta que sea tan cuesta arriba organizar una oposición política fuerte y efectiva, para beneficio de toda la sociedad dominicana.  La carencia de una Ley de Partidos fue uno de los puntos espinosos tocados por el diputado Paliza.

 Las campañas de los partidos políticos son financiadas por el Estado; las alianzas entre grandes y pequeños partidos pueden acordarse antes de la primera vuelta electoral.  La población dominicana contempla, con enorme disgusto y absoluta impotencia, cómo los políticos profesionales se enriquecen rápidamente y gozan de completa impunidad. El espectáculo  se repite cada cuatro años, bajo control de cualquiera de las grandes organizaciones políticas existentes.  El pueblo recurre alternativamente al chiste, al “choteo”, la burla, la denuncia e incluso a la anestesia moral.  Ocasionalmente, ciertos grupos expresan airada indignación.  Finalmente, ceden desalentados y se integran al “orden establecido”.

 Este “orden establecido” es, en realidad, un desorden programático: económico, jurídico, institucional; un descalabro colectivo al que hemos terminado por acostumbrarnos a regañadientes.  ¿Es sostenible a mediano plazo? No hemos podido elevar la calidad de la educación de nuestros jóvenes, requisito esencial para el progreso económico y social; no hemos logrado una producción de energía eléctrica estable y a precios razonables; sin energía no es posible mantener la manufactura de bienes y el empleo para diez millones de habitantes.  El sistema de seguridad social y el fondo de pensiones –dos asuntos fundamentales-, no sabemos cómo serán financiados y operados en lo porvenir.

 Ahora nos enfrentaremos a una nueva reforma fiscal para enjugar un abultado déficit presupuestario. La deuda externa es también considerable y el servicio de ella se traga buena parte de los ingresos fiscales.  La pugna por cobrar más impuestos para “nutrir” el presupuesto creará fracturas y disgustos en numerosos estamentos sociales.  La inconformidad, la estrechez económica, la delincuencia ordinaria, amenazan severamente nuestro “cuestionado” sistema político.