La “sociedad civil” ha recibido en estos días varias “sacadas de lengua” por parte de políticos y funcionarios públicos. ¿Qué derecho tienen los representantes de organizaciones civiles a objetar las decisiones de quienes actúan “investidos por la Constitución de la República”?  En tiempos de Trujillo, ciertos “personeros” acostumbrados a la represión militar, decían: “el civil no es gente”.  Algunos diputados y senadores argumentan que los legisladores “fueron elegidos por el pueblo”; en cambio, las personas que los critican no concurrieron a unas elecciones y, por tanto, no ostentan mandato algunos de los electores para actuar como sus representantes “legítimos”.  Deben, pues, “callarse la boca”.

La teoría clásica de la democracia estatuye que la soberanía reside en el pueblo.  El Presidente Abraham Lincoln dijo en su famoso discurso de Gettysburg: la democracia es el gobierno  del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.  El pueblo soberano otorga el mandato, lo confirma o lo revoca.  La soberanía se ejerce en todo momento y no sólo el día de las elecciones.  Por eso hay plebiscitos y referendos. 

Los teóricos modernos de la democracia política señalan la necesidad de control y supervisión de los funcionarios electos.  Una vez pasados los comicios, los elegidos se sienten “sueltos de las dos manos”.  Creen no tener sujeción a ninguna norma que les límite o contenga.  En los regímenes parlamentarios existe la interpelación del funcionario, con sanciones específicas descritas en la Constitución.

En los Estados Unidos de América el mismísimo Señor Presidente de la República puede ser sometido a juicio, a pesar de que es el “primer magistrado de la nación”.  El “impeachment” es la figura jurídica constitucional para interpelar al presidente en ciertos casos excepcionales.  Richard Nixon renunció a la presidencia de los EUA para no sufrir las desventuras de un juicio político.  Quiere esto decir que todos los funcionarios electos, incluido el presidente  de la república, pueden ser objeto de investigación o confrontación por parte de la sociedad civil.  La soberanía popular se ejerce también durante el periodo para el que fueron elegidos los funcionarios públicos.  Los ciudadanos no electos siguen siendo electores, con derecho  a vigilar sus representantes elegidos… para que no se salgan de madre. (Pecho y Espalda/2002).