A PLENO PULMÓN
Entre niños y políticos

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Siempre ha sido importante distinguir lo real de lo ideal.  Los hombres se han esforzado durante siglos en “definir” lo uno y lo otro.  Este es el “tema eterno” de la filosofía.  Pero si del mundo de las ideas generales pasáramos al campo de los problemas sociales, entonces el asunto se pondría “color de hormiga”.  El Código del Menor es un intento de “ajustar” lo ideal con lo real; los reglamentos legales con las realidades sociales en que nacen y crecen los niños dominicanos más pobres.  Hemos visto recientemente cuan grande es la distancia que separa el “deber ser” del “poder ser”.

 Para “el niño real” se establece “una ley ideal”.  Un niño asesino y drogadicto puede cometer delitos mayores.  El daño social que causa debe ser reprimido, castigado.  Matar taxistas sañudamente, robar dinero y vehículos, practicar sexualidad aberrada, son transgresiones que realizan “delincuentes menores”.  A unas distinciones de incómoda precisión –lo real y lo ideal-, añadimos otras, no menos complicadas: deber ser y poder ser.  Los niños no deberían ser criminales; deberían ser mejores personas; la sociedad “debe” ayudar a que lleguen a ser adultos capaces, ciudadanos respetuosos de la ley.

Pero no es así.  La falta de educación, la pobreza ancestral, la escasez de empleos, la crisis económica, la “desaparición de la familia tradicional”, impiden la adecuación o ajuste del código ideal con la realidad social del niño dominicano.  Lo mismo ocurre con el “código del mayor”, esto es, con el Código Procesal Penal.  El “deber ser” parece estar reñido con  el “poder ser”.  Las garantías legales “de todos los dominicanos”, entran en conflicto con las “garantías” que “deben” ofrecerse a aquellos dominicanos que son delincuentes consuetudinarios.  Hasta ahora, el “desenlace” real ha sido el “intercambio de disparos”.

“Marco ideal” de  lo que “debe ser” el ordenamiento político del Estado es la Constitución de la República, llamada ley substantiva.  Hemos puesto en vigor 37 de “esos textos”.  Quiere ello decir que, en vez de cumplir con las normas constitucionales, preferimos cambiarlas.  Todo parece indicar que la Constitución recién promulgada habrá de ser enmendada.  Los niños dominicanos, los delincuentes dominicanos, los políticos dominicanos, se “escurren” por las fisuras de una legislación pretenciosa y altisonante.

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