Nuestro país está hoy más dividido que nunca.  En el mundo de los partidos políticos son bien conocidas las diferencias que existen entre dirigentes del PRD; esas divergencias han tenido carácter dramático y amplísima difusión.

 El enfrentamiento del expresidente Hipólito Mejía con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado es del dominio público.  También otros dirigentes mantienen pugnas internas que impiden la acción concertada de un partido que obtuvo dos millones de votos en las pasadas elecciones.  Por tanto, el sistema político en conjunto no es capaz de articular una oposición constructiva, eficaz, que afiance nuestra vapuleada democracia llena de agujeros institucionales.

 En el Partido Reformista son evidentes varias fracturas.  Algunos dirigentes expulsados luchan por volver al partido; otros se han sumado a las directrices del partido en el poder.  El PRSC, un partido substancialmente menguado tras la muerte de su líder histórico, fue decisivo para el triunfo electoral del PLD; pero la institución ha dejado de ser un actor principal; funciona como un complemento o auxiliar de cualquiera de los dos partidos organizados por Juan Bosch.  Además, no se sabe con certeza cuan firme es la cohesión interna del PLD.  Danilistas y leonelistas permanecen unidos por necesidades comunes.  No obstante, asoman con frecuencia soterrados disgustos.

 Quiere decir que los tres partidos confrontan problemas parecidos, aunque de diferentes magnitudes.  No parece haber entusiasmo en la juventud por inscribirse en ninguno de esos partidos tradicionales.  Pero esta situación penosa de los partidos, a pesar de ser importante, no es más grave que los apuros que agitan a la sociedad civil.  Cada ciudadano debe confiar en sus propias previsiones; no  puede esperar ayuda de la Policía; sabe que los delincuentes son poderosos y que difícilmente podrían ser reprimidos.  Debe contar con inversor, cisterna, bomba, tinaco o planta eléctrica.  Estas instalaciones no lo librarán, en todos los casos, de falta de energía o escasez de agua.

 Obviamente, estas circunstancias no favorecen la solidaridad social, el surgimiento de empresas comunes en las que se involucren ciudadanos de diversas clases y oficios.  Los políticos, de cualquier tintura ideológica, están convencidos de que nunca habrá suficiente presión pública para contener sus desmanes.  Las quejas, desoídas hasta ahora, han sido sermones de índole moral.