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La jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente de La Romana, Vicky Chalas, dictó la tarde de hoy 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de dos ex coroneles, un teniente y un asimilado vinculados a un alijo de droga introducido al país por el Aeropuerto Internacional de La Romana.
La magistrada Chalas impuso la medida en contra de los ex coroneles Domingo Cruz Figuereo Heredia, de la Fuerza Área Dominicana, y Robert Antonio Ramírez Pimentel, del Ejército Nacional, el ex teniente de la Policía, Andrés Lorenzo Castillo Padilla, y el exasimilado militar Emmanuel Cruz Espinal.
Con esta decisión, el tribunal acogió la petición del Ministerio Público, que pedía la imposición de dicha medida en contra de los ex oficiales militares y de la Policía, además de declarar el caso complejo.
Juez preservó su cargo. El abogado Pedro Duarte Canaán, quien representa a los imputados, expresó que con esta medida la magistrada Chalas «parece que quiere seguir siendo jueza», tras indicar que si ella hubiese ordenado la libertad de los imputados su cargo estaría en juego en estos momentos.
Aseguró que los jueces penales están siendo acorralados basado en el «chantaje y extorsión » por parte del Ministerio Público, hasta el punto de que si no cumplen con el pedido que se le hace, «inmediatamente son sometidos a un juicio disciplinario» poniendo en tela de juicio su honorabilidad.
Duarte Canaán adelantó que esperarán, como siguiente paso, que se le entregue la resolución para recurrirla en la Corte Penal de San Pedro de Macorís. Agregó que los imputados estarán guardando prisión en la penitenciaría del Nuevo Modelo de La Romana.
En tanto que una a su salida de la sala de audiencia, la fiscal de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez, declaró que durante el proceso se mostraron suficientes pruebas que demostraron que los acusados están relacionados con los hechos, por lo que fueron debidamente acogidas por el tribunal.
Rodríguez indicó que sobre los implicados pesan diferentes tipos penales, entre los cuales figuran lavado de activo, la violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil.
Sobre el argumento de la defensa de que la droga incautada en el aeropuerto no ha sido presentada como evidencia, la fiscal respondió: «Apenas la investigación comienza».
Facilitar aterrizaje. Los imputados fueron acusados de realizar las gestiones para facilitar el aterrizaje el pasado 23 de octubre, del avión avión HK4909G de matrícula colombiana, con una cantidad aún no determinada de bultos que presuntamente contenían más de 500 kilos de cocaína.
En el caso de los militares y el asimilado fueron apresados durante operativo llevado a cabo por miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional, en la provincia de Santo Domingo; mientras que el ex tendiente policial se entregó por ante la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Sobre el caso, la Procuraduría emitió en días pasado un comunicado que da cuenta de que las acciones que permitieron la localización y arresto de las personas mencionadas anteriormente fueron coordinadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, agrega la nota.
