El pasado 27/9 el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, MPyD, presentó en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, los resultados de la Encuesta de Cultura Democrática en RD, ECD. De sólida consistencia, el estudio arrojó informaciones claves para una aproximación al conocimiento de la valoración que tiene la población dominicana sobre la democracia, sus niveles de satisfacción que sobre esta tiene, de la confianza en las instituciones, en las singulares personas y en los candidatos según sus condiciones étnicas, de género o de origen. Esto último arroja luz o por lo menos permite plantear con cierta objetividad, la existencia o no de prejuicios de carácter racial en la sociedad dominicana. También arroja datos sobre las simpatías partidarias, participación, tolerancia política y corrupción.

La población dominicana tiene una alta valoración de la democracia, 55.9, algo que en esencia se ha mantenido lo largo de varias décadas y que no puedes ser disociado del hecho de que somos el país del más prolongado periodo de crecimiento que por varias décadas ha tenido el más estable sistema de partido. Pero, también es sostenido incremento del número de aquellos que declaran no importarles la orientación de una determinada forma de gobierno, siempre que le resuelva sus demandas más urgentes. Eso podrá estar cuestionando la calidad de ese crecimiento y por consiguiente la baja calidad de esa democracia que se valora.

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A ese propósito, podría decirse que es consistente el hecho de que el 67.3% de la población afirma que República Dominicana «está gobernada por unos cuantos grupos de poderosos en su propio beneficio». Esa afirmación parecería contradictoria con la alta valoración sobre la democracia o explicaría la sostenida tendencia a la propensión a no oponerse a la instauración de un gobierno de fuerza siempre y cuando “resuelva”. Una crítica a la democracia. También podría ser otro de factor que determinan la desafección política que se expresa en abstencionismo registrado en los últimos torneos electorales. Eso obliga a acciones del gobierno para limitar la voracidad del sector privado en su reproducción de riqueza y en su incidencia en las esferas públicas claves.

Obliga, igualmente a una reflexión sobre la poca confianza de la población en las instituciones como los Ayuntamientos (31.7%), la Procuraduría (28.5%), y los Tribunales de Justicia (27.2%). Por último, en el umbral del 20% se sitúan las instituciones cuyo funcionamiento despierta más recelos entre la población: Congreso y Senado (21.2%), la Policía Nacional (21.0%), altos funcionarios del gobierno (20.5%) y los partidos políticos (20.4%). Con esos bajos niveles de confianza en esas instituciones difícilmente el país tenga los niveles de gobernabilidad adecuados para lograr acuerdos políticos sostenibles para enfrentar los grandes retos del presente y de un futuro cada vez más incierto, además para aprovechar su sostenido de crecimiento económico.

Esta circunstancia se agrava por la desconfianza de la gente en las relaciones interpersonales, registrada en el estudio. Eso constituye un hándicap para la realización de proyectos colectivos y en la construcción de conciencia cívica y ciudadana. Estaría explicando la volatilidad de algunos proyectos comunitarios y/o políticos. A esto se agregan los prejuicios contra la mujer, el 56.5% duda de su capacidad gerencial para cargos públicos, el más alto de la región, los prejuicios étnicos, un 33.3 expresa favorecer que sea blanco el candidato a un puesto público y un 60% rechaza el derecho a ser elegido a una persona de ascendencia haitiana. Además del rechazo a la libre opción sexual,

Estas actitudes erosionan la sana convivencia social, manifiestan intolerancia hacia el derecho de grupos humanos y podrían ser factores determinantes del impedimento legal para que las mujeres sean dueñas de su cuerpo y que seamos uno de los únicos dos países de la región que penalizan toda forma de interrupción de embarazo. Invocamos el imperio de la ley, pero somos permisivos a la violación de la ley y por momentos hemos ocupado el primer lugar en la región en permisividad a la corrupción. Esos lastres sociales, políticos, institucionales y para la convivencia evidencian que el desarrollo económico del país se sostiene en pilares bastante débiles.

El estudio concluye que por sí solas, las instituciones no podrán resolver las falencias del sistema porque ellas “son las que reproducen el orden de desigualdad y no hay razón para suponer que estas vayan a cambiar espontáneamente. Por lo tanto, es la movilización social, el empoderamiento y la participación organizada de la sociedad lo que puede reestructurar las relaciones de poder para estar en capacidad de demandar y exigir el cumplimiento de las leyes, establecer nuevas prioridades en el gasto público y tener la posibilidad de acceder a los bienes y servicios públicos en forma equitativa”. Una objetiva, pertinente y valiente conclusión del equipo ejecutor del estudio, realizado para orientar la política basada en datos objetivos de la realidad.

Es un cuadro desafiante, tenemos muchos de los principales indicadores de mala calidad de la democracia, pero somos de los primeros en la valoración de este sistema. Parece una contradicción, pero está claro que esa valoración es aleccionadora porque sólo en el escenario de la democracia y no en el de la intolerancia y los prejuicios es que podríamos revertir la tendencia hacia el deterioro que indican los datos de la ECD.