En nuestro propósito de buscar una posible solución al problema agrario, debemos iniciar por señalar que el peor enemigo de la titulación lo constituyen los invasores de tierras, que bajo la falsa consigna de que son terrenos estatales, proceden a ocupar parcelas, cercar las mismas y levantar precarias viviendas que la mayoría de las veces no son ocupadas por el invasor, pero sí como los canes, marcan su territorio.
El Estado ha desaprovechado una excelente oportunidad para empezar a resarcir aquellos terrenos que fueron ilegalmente expropiados por politicastros enquistados en el mismo, quienes se ufanaban de ser actores de principalía en la aplicación de las leyes agrarias. El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) posee un inmenso latifundio que bien puede ser utilizado en indemnizar a una buena parte de los expropiados, por medio de permutas sobre predios agrícolas o propiedades en ciudades a las cuales habían expresado su anuencia gran parte de los expoliados. Sin embargo, el 90% de estos terrenos han sido apropiados por políticos de turno, adquiriendo grandes parcelas a precio de vaca muerta, en donde se aprovechan también militares de altos rangos.
Actualmente, el Poder Ejecutivo realiza el otorgamiento de parcelas las cuales, en muchos de los casos, al no ser legalmente expropiadas, constituyen títulos precarios a los cuales los bancos o las instituciones de préstamos no les otorgan valor alguno, constituyendo una gran decepción para los agraciados, que después de esa frustración, no creen en las promesas gubernamentales.
Debemos destacar, en la repartición alegre de terrenos del Instituto Agrario (IAD), el director de entonces asignó parcelas de vocación turística en Bahías de las Águilas, Pedernales, a sus acólitos y adláteres, situación esta que tienen paralizados los desarrollos turísticos y el progreso de la provincia, que no ha podido recibir por este desafuero la inversión extranjera que amortizará la pobreza de la zona.
El anteproyecto de ley que aprueba la Estrategia Nacional de Titulación de Inmuebles, crea una Oficina Nacional de Registro Inmobiliario, lo cual, no solo modifica la Ley de Registro Inmobiliario No. 108-05, sino que suplanta negativamente esta dependencia principal, arrogándose funciones del Poder Judicial y a la vez eliminándoles las principales entradas monetarias en provecho del Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda, paradoja que ha sido subsanada al comprobar que varios organismos tenían fines y propósitos similares, lo cual contribuyó a que fuesen suprimidos el Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare), Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (Carmi) y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma de la Reforma Procesal Penal.
Al parecer los proponentes de la Estrategia de Titulación no han cuantificado las expropiaciones ejecutadas después de la llamada “Era de Trujillo”, refiriéndose alegremente a su Artículo 13 que establece: inmuebles afectados de procesos inconclusos de expropiación forzosa, a los fines de que el Ministerio de Hacienda inicie los trámites para la estimación del pago del justo precio de conformidad con la ley que rige la materia.
El modernismo también ha traído graves inconvenientes y altos costos a la titulación, que la mayoría de los tenedores de tierras no pueden pagar. En efecto, con el método de medición por el Sistema de Geoposicionamiento Global (GPS), los agrimensores se han visto obligados por lo costosos de esos equipos, a proporcionar una tarifa por medición, que no está al alcance de la mayoría de los tenedores de tierras y que solo podría tener aplicación si el Estado contrata agrimensores de oficio para que ejecuten sus labores subvencionados por el Estado.
Como disponemos de un espacio limitado para estas entregas sabatinas, dejaremos para la próxima semana las soluciones que a nuestro juicio, creemos que podrían ayudar a subsanar este intrincado problema que ya tiene varias décadas en la palestra.