Me limitaré a copiar las sugerencias que propuse en la referida ponencia en el encuentro nacional de líderes de productores de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) celebrado en el mes de septiembre en Samaná.
El problema aunque parezca de difícil solución, si hay la voluntad económica y política del Estado Dominicano, las medidas que proponemos aunque se conjeturen extremas, deben tomarse para la obtención de los títulos definitivos y resolver de una vez y para siempre esta compleja y dañina situación. En el cumplimiento de nuestra Constitución, se debe abandonar la práctica de entregar títulos precarios, lo cual puede considerarse una burla para los tenedores cuando se den cuenta que ese título no le sirve para tomar un empréstito bancario que no sea en el Banco Agrícola, si acaso.
Soluciones:
1. Cuando la ocupación sea de larga data, se podría pedir que se otorgue una donación pura y simple de los propietarios a favor de los ocupantes. Esto podría considerarse una quimera, por lo cual creemos imposible zanjar el problema de esta manera.
2. Establecimiento de un Convenio de Pago justo, previo acuerdo sobre el precio, sea de manera amistosa o por intermedio del Catastro Nacional.
3. Acordar una permuta, sea esta por solares o inmuebles pertenecientes a instituciones gubernamentales.
4. De ser posible, una combinación entre pago efectivo de una parte y permuta de la otra.
5. En caso de aceptación de parte de los propietarios, el Estado Dominicano puede emitir Bonos redimibles a mediano plazo, pagando por supuesto un módico interés.
6. Emisión de Certificados Bancarios redimibles a plazo fijo.
7. Otorgar exenciones tributarias, sean estas de impuestos internos o de la Dirección General de Aduanas, en caso que el propietario del inmueble sea un importador.
8. Por sorteo aleatorio en donde el Estado elija al azar un número específico anual, para ir disminuyendo paulatinamente la cantidad de expropiados.
9. Que a los detentadores de terrenos se les solicite una cuota, sea mensual o anual, con la garantía del Gobierno Dominicano.
Como la Ley 108-05 especifica que todos los procedimientos de deslindes y mensuras sean con tecnología de punta (GPS); si bien esto garantiza fidelidad, la pesada burocracia impide que esto se lleve a cabo de manera expedita, ya que el procedimiento es largo y sumamente costoso, a menos que la Jurisdicción de Tierras decida nombrar, para estos fines, agrimensores de oficio.
Nuestras conclusiones son breves y tajantes. Mientras el Estado Dominicano no se circunscriba a lo estipulado en la Constitución y proceda a llegar a un acuerdo con los propietarios de los inmuebles y bienes incautados, la titulación de tierras dormirá como hasta ahora el sueño eterno, ya que el principal actor, el Estado Dominicano es el principal responsable de que el problema no sea zanjado.

Colofón o adenda:
El Estado Dominicano debería cuantificar la suma de los valores de los bienes expropiados en el pasado, y así como lo ha hecho para empréstitos convencionales y otros acuerdos cuestionables cuyos resultados en muchos casos han resultado altamente perjudiciales; tales como el préstamo para la electrificación, el estacionamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el de la Sun Land y otros que han gravitado negativamente sobre la paz social del país.
Por todo lo anterior, el señor Presidente debe solicitar al Congreso que gestione un préstamo global para pagar todas las expropiaciones realizadas hasta el presente de manera irregular. Esto permitirá otorgarles títulos definitivos a ciudadanos que agradecerán ese gesto decisorio, en lugar de seguir recibiendo títulos sin valor comercial. ¡Anímese señor Presidente y someta esta proposición a las Cámaras y de seguro obtendrá un reconocimiento imperecedero: tanto de los parceleros como de los expropiados!