La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia condenó este martes a cinco años de prisión a la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rousa Amalia Pilarte, acción que pone a la luz pública una vez más la cantidad de legisladores que están siendo invetigados por el Ministerio Público.

Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de estos estar siendo objeto de investigaciones por parte del órgano acusador en diversos expedientes que desde hace meses se conocen en los tribunales, estos salieron victoriosos en las pasadas elecciones congresuales.

Se trata de Nelson Marmolejos, Faustina Guerrero y Sergio «Gory» Moya, quienes compitieron para ser reelegidos en sus posiciones legislativas y obtuvieron los votos necesarios.

Casos

Nelson Marmolejos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ganó como diputado representante de la circunscripción dos de Santiago, donde se alzó como uno de los candidatos con la mayor votación de la localidad. Logró 12,445 votos. En 2021, el Ministerio Público lo mencionó en el expediente acusatorio del caso Falcón, una investigación en la que se le indaga sobre una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos.

Faustina Guerrero, conocida como Grey Maldonado, diputada del PRM por El Seibo, también ha sido indicada dentro del expediete del renombrado caso Falcón por supuesto tráfico de drogas. Asimismo, este expediente señala que su esposo, Juan Maldonado Castro, quien fue director de Comunidad Digna, formaría parte de la red.

De igual modo, había sido señalado el diputado Héctor «Pirrín» Feliz, representante de la provincia Pedernales por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). El legislador también fue acusado de pertenecer a una red de narcotráfico, pero su caso causó más escándalo porque fue atrapado transportando a Juan Maldonado, uno de los imputados en el expediente y quien supuestamente huía junto al legislador para evitar ser apresado.

Sergio «Gory» Moya, señalado en caso Calamar y en el que las autoridades del Ministerio Público señalan también a varios exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina por supuestamente hacer apropiaciones ilícitas de terreno, extorsiones y supuestos cobros ilegales. Moya es visto como quien alegadamente dirigir una red que extorsionaba a dueños de bancas de loterías con el objetivo y realizaba operaciones de cobros ilícitos para beneficiar al Ministerio de Hacienda.