A propósito del adolescente implicado en asesinato de la niña de cuatro años Yaneisy Rodríguez, cuyo cadáver fue encontrado en un basurero en Santiago, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), presento una propuesta de ley para la modificación de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (o Código del Menor), a los fines de aumentar las sanciones penales a menores de edad, con un máximo de 30 años de reclusión, por la comisión de hechos de terrible gravedad que ocasionan alarma, conmoción y consternación social.

La entidad de sociedad civil calificó al Código del Menor de anacrónico, fuera de época y contexto, con penas máximas de sólo 5 y hasta 8 años en casos excepcionales, resultando indiscutible y de perentoria la necesidad de castigar hechos tan graves como los que están cometiendo los menores de edad, involucrados en toda suerte de barbaridad delincuencial cada vez más creciente, situación que obliga a las autoridades a crear medidas excepcionales como repuestas sociales que permitan determinar e imponer sanciones penales a menores de edad.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, precisó que la legislación internacional permite a los Estados nacionales adoptar medidas en relación con los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales, tal como se desprende del punto B.22 de la Observación General No. 10 (2007), de la Organización de Naciones Unidas, al tratar Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores, medidas que de acuerdo al Art. 376.b de la Convención de Derechos del Niño incluyen la posibilidad de detención, el encarcelamiento o la prisión como medida de último recurso.

Potentini explicó que de acuerdo con la experiencia comparada decenas de países tienen penas a partir de los de 15 años, (a modo de ejemplo España, Chile, Costa Rica, Cuba, Etiopía, Filipinas, Jamaica, Hong Kong, Ucrania, el estado australiano de Queensland, en Arabia Saudita y otros países de Oriente Medio), e incluyendo prisión perpetua para los menores en conflicto con la ley penal, se encuentran la totalidad de los Estados Unidos de Norte Américas, EE.UU., Además de 49 de los 53 estados que integran la Mancomunidad Británica de Naciones.

Contenido normativo de la propuesta.

De acuerdo con Potentini la propuesta de ley busca “darle respuesta a una realidad social que no podemos soslayar”, refiriéndose a los actos de delincuencia cometidos por menores.“ Lo que estamos planteando, de manera excepcional, ante la comisión de crímenes y delitos graves: sicariato, asesinato, robo con violencia, violación sexual, secuestro, terrorismo, y narcotráfico, exclusivamente para esas eventualidades, y menores con edades comprendidas entre 14 y menos de 18 años, puedan ser habilitados por una comisión multidisciplinaria, compuesta por un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra, un representante del CONANI y un representante del Ministerio Público, a los fines de que -previa evaluación- de lo que es la capacidad mental y psicológica de los menores, sean juzgados en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes de manera excepcional con la aplicación de penas que van de 10 a 20 años, para los autores principales, y en caso de complicidad de 5 a 20 años.

La FJT dio garantías de que la propuesta fue elaborada en consonancia con los tratados y acuerdos internacionales en materia de menores, siempre respetando los derechos fundamentales de los menores y propiciando acciones alternativas orientadas desde el estado dominicano a conjurar las causas fundamentalmente sociales que originan la delincuencia juvenil, incluyendo campañas de concientización y promoción para el respecto y protección de la niñez.

Potentini informó, que el proyecto procura que el Estado construya centros de rehabilitación especializados para esos menores en conflicto con la ley penal, garantizándole su rehabilitación y reinserción social.

Justicia y Transparencia lamentó el horrendo crimen de que fue objeto una niña de apenas 4 años en la ciudad de Santiago, donde se involucra un menor y un adulto como autores materiales, además de la evidente irresponsabilidad y negligencia de la madre de la menor, pasible también de condena y sometimiento penal, deplorando de paso la falta e inercia del congreso dominicano al no legislar para afrontar el problema, en beneficio y protección de la niñez dominicana.

Potentini recordó que hacen hoy casi 10 años, en julio del 2010, por vía y conducto del entonces diputado Alejandro Montas, la fundación sometió un proyecto similar, y que, pese a los esfuerzos del diputado y una extensa jornada de concientización y socialización del mismo, no fue posible que el congreso apoyara la iniciativa.

Finalmente, la FJT anuncio que se involucrara y dará seguimiento al expediente penal de Santiago, procurando que el mismo llegue hasta las últimas consecuencias, incluso constituyéndonos como actores civiles en el proceso.

Las presentes declaraciones fueron dadas en rueda de prensa en la sede principal de la Junta Central Electoral, por una comisión de los directivos de la Fundación Justicia y Transparencia, encabezada por su presidente Trajano Potentini y los miembros, Smerly Rodríguez y Grace Potentini y Wilton Andrés Pérez.