El Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y los Estados Unidos obliga a revisar las condiciones en que habrá de darse, a partir del inicio formal de su aplicación, la competencia y el intercambio comercial entre tan disímiles interlocutores.

No hay que ser un experto en la materia para saber que desde las industrias estadounidenses vendrán al país bienes de producción altamente protegida, con poco o nigún valor agregado foráneo, que en algunos casos competirán con productos locales similares, pero con alto valor agregado importado.

En otro sentido, nuestras fábricas enviarán al mercado estadounidense productos cuyo costo de producción estará inflado por los aranceles sobre sus insumos y componentes, que tendrán que competir con similares estadounidenses o de Centroamérica elaborado bajo mejores condiciones de protección.

Otra posibilidad es que productores estadounidenses se instalen aquí para ensamblar o terminar, con mano de obra barata, productos que serían destinados a este mismo mercado.

La desventaja relativa es, probablemente, el motivo de mayor preocupación para el empresariado local y en el que está basado su pedido de que antes de que sea refrendado el TLC por parte del Congreso Nacional, sean realiados en el país cambios en los órdenes institucional y fiscal, que entre otras cosas eliminarían la comisión cambiaria y los aranceles que gravan la materia prima importada.

-II-

No hay dudas de que las desventajas plantean la necesidad de cambios en el tratamiento arancelario de las materias primas y servicios para los renglones de producción.

Pero del mismo modo que es razonable esa inquietud, hay que plantear alternativas para evitar que el mejoramiento del tratamiento arancelario para el sector empresarial pueda mermar los ingresos del Gobierno y causar déficit fiscal.

En los países con regímenes de protección para sus industrias, generalmente hay una fuerte penalización fiscal para todas las rentas habidas y por haber.

Estados Unidos, país con el que hemos intervenido un TLC, es un ejemplo de ello. Habría que ver si aquí sería factible proteger ampliamente la producción, reduciendo al mínimo las cargas arancelarias y de otro tipo, a cambio de penalizar las ganancias proporcionadas por la comercialización de los productos terminados.

En cualquier caso, hay que tomar en cuenta que los costos de producción resultan inflados de manera cuantiosa por factores que no son necesariamente de índole fiscal. Las materias importadas no sólo pagan aranceles, sino también fletes muy caros, y los precios de los combustibles y la energía, que también son muy altos e influyen en los costos generales, son determinados en parte por factores externos que no está a nuestro alcance manejar.

De manera, pues, que es válida la preocupación del sector empresarial en lo que concierne a la protección de la industria local para poder hacer un papel airoso en el TLC, y en cuanto sea posible hay que atender sus reclamos, siempre que las soluciones permitan preservar la estabilidad de la economía en sentido general.