La precaria estabilidad económico-social del país será puesta a prueba en esta última cuarta semana del año, por la convocatoria a un paro general de actividades de dos días formulada por grupos populares que se prevé tendría acogida en la población.

A pesar de la escasa representatividad de los grupos populares que la suscriben, la convocatoria podría incendiar una pradera nacional excesivamente cargada de resentimientos y frustraciones o en el mejor de los casos convertirse en una válvula de escape frente al disgusto generalizado por la devaluación del nivel de vida de la sociedad dominicana.

El pliego de demandas de los grupos populares no deja margen a la negociación por lo que la protesta parece inevitable, desafiando la capacidad de las autoridades gubernamentales para entender el signo de los tiempos y aplicar un nivel de contención que no exacerbe los ánimos.

[b]UNA SEMANA DE CONFLICTOS[/b]

La última semana del mes comienza con la celebración del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, un lunes no laborable cuando el Partido de la Liberación Dominicana tiene programada una marcha en la capital que será presidida por su candidato presidencial, el doctor Leonel Fernández.

El evento calentará la pista del sentimiento antigubernamental, expandido al máximo en las concentraciones urbanas, comenzando por el Distrito Nacional, que ya en los últimos comicios, los congresionales y municipales del 2002, evidenció un auge del peledeismo que ganó la plaza y quedó bastante cerca del primer lugar en la nueva provincia Santo Domingo, otrora bastiones del perredeismo.

Para el primer día laborable, que será el martes, está programada una huelga nacional de los trabajadores de la salud, encabezada por médicos y enfermeras que reclaman aumento salarial del cien por ciento, además del mejoramiento del precario suministro a los hospitales públicos y del seguro social.

Los dos días siguientes serán los más conflictivos, por el paro nacional que convoca una red de organizaciones populares y del sector transporte, que ya el 11 de noviembre pasado obtuvo una considerable respuesta de la población cuando llamó a una protesta de 24 horas, que se saldó con un balance de 7 muertos y ninguna concesión gubernamental.

Será una semana virtualmente perdida, pues asumiendo que no se enfrenten mayores dificultades, sólo tendrá dos días laborables.

[b]DEMANDAS DEMAGÓGICAS[/b]

Muy pocas personas están pendientes del pliego reivindicativo enarbolado por los organizadores de la protesta, el cual, al igual que en noviembre, peca de demagógico, absurdo y hasta contradictorio. Reclama un aumento general de salarios del cien por ciento para todos los trabajadores privados y públicos, civiles y militares, y la reducción del costo de los combustibles, al tiempo que rechaza los últimos impuestos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pide una moratoria de la deuda externa.

Los convocantes demostraron en una entrevista por Teleantillas que no tienen ni idea de las implicaciones de sus demandas. Ignoran que las remuneraciones del gobierno central a sus 314 mil empleados ascienden este año a 30 mil 288 millones de pesos, incluyendo un aumento salarial del 9 por ciento. Si se le suman los sueldos de los 78 mil empleados de las instituciones autónomas y los ayuntamientos rondaría los 40 mil millones de pesos.

La duplicación de esa suma implicaría que la nación dedicaría al pago de empleados públicos algo más de la totalidad de los ingresos fiscales del año recién concluido, algo absolutamente contradictorio con el discurso de los sectores de oposición al gobierno y las entidades sociales que condenan la proporción del gasto que se destina a la burocracia.

La cesación de pagos de la deuda externa liberaría los 30 mil 916 millones de pesos que contempla el presupuesto de este año para pago de intereses y amortización de la deuda externa, pero al mismo tiempo se rechazan los últimos impuestos que implican por lo menos dos tercios de esa suma.

Por supuesto que los proponentes del pliego de demandas no cuentan con las consecuencias que implicaría la moratoria de la deuda y la suspensión de las negociaciones con el FMI, lo que a muy corto plazo implicaría la bancarrota de la economía nacional en una orgía de devaluación, inflación, recesión y aislamiento de un país que depende en grado extremo del turismo y las zonas francas.

[b]DISPOSICIÓN A LA PROTESTA[/b]

Al margen de las demandas de la convocatoria, lo que es obvio para cualquier observador es que la paralización podría ser tan o más efectiva que en noviembre, aunque ahora es por dos días, lo que abre mayores posibilidades de disturbios que pudieran complicar el conflictivo panorama nacional.

El encono de la población contra el gobierno se advierte en todos los ámbitos de la vida urbana nacional, acentuado por la galopante inflación y reducción del poder adquisitivo de la población, a consecuencia de una devaluación que esta semana ha llevado el peso a por lo menos 53 por dólar, unos 18 más que al comienzo del año.

Para este fin de semana los combustibles deberán subir de precio nuevamente, no solo por la persistencia de la devaluación, sino también porque el costo del barril de petróleo ha oscilado en los últimos días entre 34 y 35 dólares.

Los aumentos sobre 15 pesos en el costo de los combustibles en las últimas dos semanas han empujado hacia arriba el costo del transporte y han hecho incosteable el uso de los automóviles para miles de personas de ingresos fijos que no han podido revaluar.

La protesta se alimentaría también de una nueva oleada de apagones que comenzó esta semana y llamada a acentuarse parece a partir de la noche del domingo 25, para cuando la empresa generadora AES anuncia que apagará su planta de gas de Andrés, Boca Chica, lo que reducirá la oferta en 300 megavatios. La misma productora mantiene apagada otra planta de 210 megavatios, ambas por haber agotado el combustible, sin recibir los pagos correspondientes.

El activismo político en que se encuentra el presidente Hipólito Mejía y gran parte de su gobierno, protagonizando un interminable enfrentamiento a lo interno de su partido, es un factor detonante del enojo de la población frente al deterioro de la economía.

Hasta en sectores empresariales que normalmente rechazan las paralizaciones de labores se respira un ambiente favorable a la protesta contra el gobierno, lo mismo que en el principal partido de oposición, cuyos voceros y simpatizantes en los medios de comunicación no ocultan su simpatía con la convocatoria.

Al caer la semana la actitud de los grupos laborales agrupados en el Consejo Nacional de Unidad Sindical era no hacerse partícipes de la convocatoria, aunque aconsejarían a sus miembros sumarse a la misma “quedándose en su casa”, según declaró su presidente Pepe Abréu. El peso de las centrales sindicales es cada vez menos perceptible.

El ambiente será tan tenso en los próximos días que probablemente impida que las mayorías perredeístas en el Congreso se aventuren a intentar la aprobación del proyecto de ley de lemas que pretende un cambio del sistema electoral para adaptarlo a la incapacidad del partido oficial para concertar en su propio seno.

[b]PELIGROS A LA VISTA[/b]

Es evidente que en las actuales circunstancias nacionales una convocatoria de paro general de dos días pone en peligro la precaria estabilidad económica y social. Los grupos que la convocan repiten que será pacífica, pero parecen conscientes de que no tienen capacidad para controlar la situación en caso de desbordamientos.

El nivel de represión que adopte el gobierno podría ser detonante de violencia, como ocurrió en noviembre, cuando los que protestaron ni siquiera apelaron a la tradicional quema de neumáticos viejos en las calles, pero la acción policial produjo 7 muertos.

Las autoridades no podrán renunciar a la prevención, sacando militares y policías a las calles, pero una actitud ofensiva o muy represiva podría contribuir a exacerbar más los ánimos.

Está presente un llamado de grupos radicales para que el agrónomo Mejía renuncie a la presidencia de la República, lo que parece absurdo a poco más de tres meses de unas elecciones presidenciales en que podría ser desplazado por el voto popular. Aunque los organizadores de la protesta se han desvinculado de esa consigna.

Graves disturbios podrían afectar el turismo en auge en el último año y acentuar las incertidumbres y desconfianza que contribuyen al proceso de devaluación de la moneda. Tampoco ayudarían al inicio de la campaña electoral del presidente Mejía, quien persiste en buscar la reelección, pese a unas perspectivas tan desfavorables.

El desconcierto es tan grave que el gobierno no parece tener ninguna iniciativa para persuadir a la población de que renuncie a manifestar su inconformidad. Le resulta imposible ni siquiera llamar a conversar a unos convocantes que por sí mismos no representan fuerzas significativas de la sociedad y que enarbolan un pliego de reivindicaciones tan lejos de la realidad.

Y son pocas las cosas que pueden prometer los gobernantes en circunstancias tan adversas, cuando están a la espera de que el Fondo Monetario Internacional apruebe un nuevo programa de ajustes, que de anunciarse antes del paro podría operar como freno, al menos para los sectores empresariales y sociales que cifran tímidas expectativas de que el mismo contribuya a detener el deterioro económico.

Las perspectivas apuntan a una protesta fuerte cuyos efectos podrían ser disminuidos con una inteligente actitud gubernamental que desincentive el enfrentamiento violento, jugando a la esperanza de que la misma opere como válvula de escape al profundo disgusto que se respira en casi todos los ambientes nacionales.-