Connecticut. Catalina Olea se especializaba en masajes terapéuticos en Puerto Rico, pero dice que los empleos de 40.000 y hasta 50.000 dólares anuales que ofrecen hoteles y spas de Connecticut son un sueño inalcanzable para ella.

Desde que se fue de la isla tras el paso del huracán María, Olea no ha podido encontrar la forma de revalidar la licencia que le permitiría trabajar en su campo. Por ahora solo trata de mejorar su inglés, mientras su esposo, ingeniero de sistemas e informática, sostienen a la familia manejando para Uber.

“Pensamos que habría más oportunidades”, expresó. “Ha sido un proceso difícil”.

Para los puertorriqueños que le escapan a la devastación causada por el huracán, su condición de ciudadanos estadounidenses facilita su radicación aquí. Solo tienen que comprar un pasaje aéreo. Pero encontrar trabajos en sus campos es otra historia.

A muchos no les reconocen sus títulos, a menudo porque perdieron sus diplomas y otros documentos durante la tormenta. O los estados tienen requisitos adicionales que los obligan a capacitarse y solicitar licencias que pueden costar cientos de dólares.

En los estados que han recibido la mayor cantidad de desplazados por la tormenta, funcionarios y activistas han propuesto cambios para ayudar a maestros, peluqueras y demás.

En Nueva Jersey, por ejemplo, hay una propuesta legislativa por la cual las licencias profesionales de Puerto Rico deben recibir el mismo trato que las licencias de cualquier otro estado.

“La gente fue desplazada. Y encuentran obstáculos. Pensé que era importante modificar nuestras leyes y resolver eso”, manifestó el senador estatal republicano Thomas Kean Jr., uno de los patrocinadores del proyecto.

En Massachusetts, los puertorriqueños son eximidos de pagar el costo de las licencias, según la gobernación. En Connecticut, donde los alcaldes de las principales ciudades pidieron que se exima de pagar por las licencias a los terapeutas ocupacionales, el gobernador demócrata Dannel P. Malloy dijo que no tiene autoridad para hacerlo él mismo, pero que apoya los esfuerzos legislativos para que se le dé esa atribución al Departamento de Protección del Consumidor.

Desde que el huracán cruzó la isla en septiembre, decenas de miles de puertorriqueños se vinieron a Estados Unidos para escaparle a las privaciones de todo que hubo en la isla, que ya atravesaba por una profunda crisis económica desde hacía una década.

Ya desde antes de la tormenta muchos isleños se estaban yendo. Pero la nueva camada llega a menudo sin dinero para conseguir las licencias para trabajar en sus campos, de acuerdo con Samantha Vargas Poppe, directora adjunta de la agrupación UnidosUS (antes conocida como La Raza), que vela por los intereses de los inmigrantes.

“Los hispanos tienen a tener tasas de desempleo más altas y a concentrarse en sectores con sueldos bajos, como hoteles y restaurantes, o vendedores. Trabajos que con frecuencia no dan muchos beneficios. Los puertorriqueños que vienen sin un trabajo seguro van a enfrentar las mismas barreras, si no más”.

Olea, quien tiene 33 años, dijo que ella y su esposo ya venían pensando en radicarse en Estados Unidos antes de que el huracán volase las ventanas de su departamento en un sexto piso en Guaynabo. A las pocas semanas, el spa donde trabajaba seguía cerrado y escaseaba la electricidad. La familia se las arreglaba con cupones alimenticios.

La licencia de masajista terapéutica de Connecticut cuesta 380 dólares, pero Olea dice que no sabe qué capacitación adicional puede necesitar. Agrega que cuando llama a una oficina gubernamental para pedir información, no consigue nadie que hable español.