Desacreditar e insultar a jueces y tribunales y hasta amenazar con acciones callejeras violentas- se han convertido en una peligrosa práctica llevada a cabo por la oposición política, los representantes de la sociedad civil y ciudadanos comunes, cuando no obtienen ganancia de causa en las sentencias emanadas de la Justicia, a la cual han acudido ejerciendo el derecho acordado en nuestra Constitución.
Ilustran esta afirmación los casos recientes protagonizados por el ex Fiscal Guillermo Moreno, en su persecución política contra la Fundación Global y el ex Presidente Leonel Fernández, cuyos sometimientos fueron rechazados en dos instancias judiciales, así como la de seguidores del ex Presidente HipólitoMejía, que prometen tomar las calles luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declarase inadmisible un recurso de amparo que procuraba el reingreso al CEN perredeísta de dirigentes sustituidos.
La Justicia dominicana dista bastante de ser un sistema perfecto; en el mundo no existe tal Justicia. Pero la nuestra contiene el conjunto de principios sobre los cuales se inspira una comunidad en una época determinada, para alcanzar el bien común y tenemos una organización judicial compuesta por tribunales, magistrados y un conjunto de personas encargadas de aplicar las leyes. Nuestros juicios, en todas las instancias, son públicos, orales y contradictorios y, cuestión fundamental, la prensa juega un rol influyente en muchas decisiones dimanantes de la Justicia.
Claro, hay decisiones de tribunales nacionales y extranjeros que contristan el espíritu y elevan hacia lo más alto la capacidad crítica de la sociedad; semejan injusticia, como la absolución del blanco George Zimmerman, acusado de matar sin justificación alguna al adolecente negro Tryavon Martin en Florida, Estados Unidos.
¿A qué acudir a la Justicia? ¿Para hacer justicia por sus propias manos cuando la decisión resulta adversa? Ese es el retroceso.