En medio de sentidos temores por el peligro de una crisis sanitaria en torno al manejo de la basura y del vertedero de Duquesa, en el ánimo público se ha vuelto a subrayar la necesidad de adoptar de verdad y sin más excusas, plazos y dilaciones, medidas efectivas para acelerar los trabajos de remodelación y reconstrucción de hospitales a nivel nacional.
¿Qué situaciones tan peligrosas podrían producirse fuera del control de las autoridades sanitarias si ante la previsible acumulación de basura en el Gran Santo Domingo puedan surgir enfermedades y epidemias que ameritarían masivas atenciones en centros asistenciales públicos que todavía confrontan serias dificultades en sus infraestructuras físicas, debido a trabajos inconclusos?
Es obvio que al presidente Danilo Medina le han fallado en su manifiesto empeño de resolver definitivamente esta situación de precariedad para que el país cuente con instalaciones hospitalarias en óptimas condiciones, a fin de que el personal médico y de enfermería pueda disponer de mejores medios y facilidades para garantizar adecuada prestación de servicios asistenciales a los pacientes.
Ese vital objetivo, que debía ser objeto de atención persistente y prioritaria de parte de los organismos oficiales que han tenido bajo su responsabilidad los trabajos de remodelación, no se ha podido lograr hasta el momento de manera satisfactoria, por lo menos en la magnitud y términos esperados, a juzgar por las frecuentes quejas y señalamientos concretos y muy bien fundamentados desde diferentes localidades del país y cuyos detalles se difunden a través de los medios de comunicación.
Como forma de evitar restringir o paralizar servicios, en algunos centros se ha tenido que recurrir a la habilitación de las llamadas áreas de intervención en hospitales regionales y provinciales, aunque esto conlleva situaciones insalvables de incomodidad y dificultades.
Aunque el 28 de julio de 2016 la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) prometió que a más tardar en marzo de este año serían entregados al alrededor de 25 de los 56 hospitales sometidos a remozamiento, lo cierto es que transcurrida la mitad de este mes solo cuatro han sido terminados, mientras llueven las quejas de constructores, médicos y personal administrativo.
Una pregunta que algunos se formulan con razón es si cuando fijó ese plazo, el organismo tenía en realidad la certeza de que podía cumplirlo, si lo dio para ganar tiempo o si en el camino habría tropezado con engorrosos trámites burocráticos y administrativos que tienden a complicar la celeridad de los procesos.
Sometida a presiones y cuestionamientos por la tardanza cada vez mayor, la OISOE adujo en una oportunidad, a manera de excusa o justificación, que todo obedecía principalmente a que las remodelaciones estaban siendo readecuadas al modelo de construcción que diseñó el Ministerio de Salud Pública en colaboración con la Oficina Panamericana de la Salud (OPS).
Entre los múltiples señalamientos sobre atrasos en el plan nacional de remozamiento hospitalario sobresale por su naturaleza y sensibilidad el caso del histórico e emblemático hospital Luis Eduardo Aybar, conocido popularmente comoEl Morgan, que se reconstruye a un costo superior a los RD$7,000 millones y que se había anunciado que estaría listo para el primer trimestre de 2017 con una novedosa estructura que incluye doce (12) torres.
Dentro de ese cuadro de atrasos, otro caso significativo es el estado del Hospital General y de Especialidades de la Ciudad de la Salud, en Santo Domingo Norte, que lleva cuatro años paralizado sin que se haya podido concluir la estructura de cinco plantas, a pesar de que está avanzada en más de un 70 por cierto.
Aunque el Gobierno tiene otros muchos temas y retos que afrontar, es de esperar que por la atención que le ha asignado al campo de la salud y que ha incluido visitas sorpresa para comprobar la situación de los hospitales sobre el terreno, el presidente Medina intervenga nuevamente para dar un renovado impulso a un proyecto esperado por las familias pobres que carecen de medios para pagar consultas, tratamientos y cirugías en los centros médicos privados.