La Audiencia Nacional Española aprobó la extradición de Francelys María Furcal, mujer que dio muerte a un comerciante chino en abril de 2022 en su lugar de trabajo, una ferretería del Distrito Nacional y posteriormente se dio a la huida.

El video que recrea el momento en que la mujer de 30 años dio muerte al nacional chino se hizo viral en aquel entonces, quedando evidenciado que tras ser agredida, ella se defendió tomando un objeto punzante que puso fin a la vida del comerciante.

Para aportar al debate, en Hoy Digital hemos consultado algunos abogados para analizar la posible condena y circunstancia a las cuales se enfrenta Furcal.

En opinión del jurista Cándido Simón, el tipo penal imputable es de «homicidio precedido vías de hecho» de parte de la víctima, cuya pena es de seis meses a dos años de prisión correccional.

«Recuérdese que el chino la golpeó con un objeto y luego la pateó, es cuando ella se inclina; toma un arma blanca, le da una estocada y se retira al parecer sin advertir la gravedad de la herida», explica Simón.

En cuanto al aspecto procesal, el jurista sugiere a la mujer hacer un acuerdo con el Ministerio Público por una pena menor suspendida, mediante un procedimiento penal abreviado, que la podría librar de ir a prisión.

«Desde mi punto de vista, existen elementos suficientes para validar la excusa legal de la provocación, ya que ella fue víctima de una agresión. Según las palabras de la misma joven, ella recibía maltratos de manera constante por parte del empleador, lo cual pudo derivar en daños psicológicos que generan considerables secuelas de naturaleza moral. Un elemento importante es que la respuesta por parte de la joven fue de carácter inmediato y no transcurrió un tiempo prudente que le permitiera reflexionar o planificar haber causado el daño. En este caso, ella estaría expuesta a una pena de 6 meses a 2 años», plantea el abogado Deivis Cabrera.

¿Homicidio voluntario?

Se recuerda que la motivación que ha tomado el tribunal español para aprobar su extradición es que en el hecho existen todos los elementos constitutivos de lo que en República Dominicana se considera un homicidio voluntario, mientras que en España sería un homicidio o asesinato.

Si el Ministerio Público lograse demostrar que ella cometió un «homicidio voluntario», entonces podría enfrentar una pena de 3 a 20 años de prisión.

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