Poco tiene de sustancial una democracia, donde  las acciones e iniciativas  de los elegidos como representantes de la sociedad en los poderes legislativos y municipales  estén orientadas, básicamente, por una concepción patrimonialista y corporativa del Estado. Entre otros factores, esta concepción determina los vergonzosos y recurrentes escándalos que provocan muchos legisladores y autoridades municipales  de nuestro país.

Esta circunstancia hace necesaria una reflexión y discusión sobre el tema de la representatividad de los congresistas; si su mandato  es directamente vinculante al partido, a la unidad territorial donde fueron elegidos o si por el contrario, una vez elegidos pueden asumir una relativa o absoluta independencia de sus mandantes, o de la institución que lo presentó como candidatos al electorado.

Algunos tratadistas plantean que un elegido a un cargo público a través del voto, recibe del elector una particular manifestación de confianza para que, orientado por lo que le dicte su conciencia, actúe en beneficio de la colectividad. Por eso, como fiduciario no representa sólo a su mandante, sino a toda la colectividad y en determinados temas no necesariamente está obligado a seguir las directrices del partido que lo eligió en su boleta, ni limitarse a los particulares reclamos de la población de la demarcación donde fue elegido.

En el caso de los legisladores, el elegido no necesariamente es un portavoz de sus electores ni del grupo social o político que representa, sino de toda la nación. Por ejemplo, un comerciante o un obrero, una vez elegido deja de ser exclusivo representante del segmento social por el cual se presentó al electorado, sino que pasa a ser un representante de los intereses generales de toda la sociedad.

En tal virtud, en la discusión de temas generales, los parlamentarios no necesariamente están obligados a seguir la línea que la dirección partidaria les “baje”, sino que seguirían lo que le dicte su conciencia, tratando de que de ese modo haya una mejor posibilidad de expresar la soberana voluntad de quien le dio su mandato: la colectividad y no al aparato de su partido.

Como principio, parece lógico y hasta sano, sin embargo, eso no se corresponde con la práctica e intención de nuestros legisladores y en menor medida, con los elegidos en los poderes locales del país. Los primeros han desarrollado un espíritu de cuerpo para defender sus particulares intereses, que tiende a situarlos en contra de sus propios partidos y en contra de la sociedad, como fue el recién intento de la mayoría de los diputados de legislar para mantener sus canonjías en la Ley de Salarios.

En general, los diputados y los senadores  mantienen irritantes privilegios con la complicidad y/o pusilanimidad de los jefes de las facciones  partidarias, los cuales han aceptado la lógica de comportamiento de aquellos para mantenerlos como aliados. Eso explica que los senadores mantengan su protervo barrilito, para deshonra para toda la sociedad y de sus direcciones partidarias que han sido incapaces de eliminarlo.

En tal sentido, la independencia y rebeldía que reclaman y manifiestan muchos legisladores son básicamente para legislar en sentido de sus espurios intereses, no para la defensa de los intereses generales de la sociedad.