La violencia de género abarca muchas prácticas y matices en los que los feminicidios, la violencia verbal, física y psicológica tienen presencia al igual que las violaciones sexuales, el incesto y el abuso.

Otra de las formas de violencia hacia las mujeres es la violencia estructural. “El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia física directa”. (Tortosa y La Parra, 2003).

La reciente aprobación y conversión en ley por la Cámara de Diputados del proyecto de modificación al Código Penal (tenía 14 años en debate) en algunos de sus artículos (107,108 y 109) es la expresión de esta violencia estructural, con graves consecuencias para las mujeres, niñas y adolescentes.

Estos artículos en la versión aprobada por la Cámara de Diputados mantiene las penas de entre dos y tres años de prisión para todas las mujeres que interrumpan un embarazo y para todas las personas que cooperen en ello. El personal médico y farmacéutico que lo facilite o ayude a practicarlo será castigado también con una pena de entre cuatro y diez años de prisión.

Se define así independientemente de que la mujer, niña o adolescente tenga un embarazo producto de una violación o incesto, o que su condición de embarazo sea de alto riesgo.

¿A quién castiga y sanciona con mayor fuerza esta legislación al violador o a la víctima?

Los embarazos de niñas, adolescentes y mujeres adultas provocados por violaciones sexuales e incestos muchas veces generan graves consecuencias psicológicas y físicas, además de poner en riesgo su vida. La legalización de la interrupción de embarazos en estos casos favorecería la identificación del agresor o violador y su sometimiento. En el caso contrario la condena a la niña, adolescente o mujer que se provoque una interrupción de embarazo provocado por una violación fortalece su condición de víctima y los círculos de violencia a los que ella está sometida.

Las instituciones que trabajan a favor de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes han levantado su voz contra la aprobación del Código en esta forma y junto Amnistía Internacional están solicitando al Poder Ejecutivo que la rechace. Esperamos que estas voces sean escuchadas a favor de la intervención en la disminución de una de las prácticas más invisibles y frecuentes de violencia de género.