La cancelación del visado norteamericano, el privado y el diplomático, al presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Roberto Rosario Márquez, pasará a la historia, salvo que el Departamento de Estado ofrezca una explicación satisfactoria, como el primer caso en que a un funcionario público, nada más y nada menos que presidente de un órgano constitucional, se le retira el visado por haber respetado la Constitución, la sentencia histórica del Tribunal Constitucional y haberse negado a ceder a las presiones del embajador de los EU.
Todo país tiene el derecho de decidir quién puede ingresar o no a su territorio, menos la República Dominicana. Todo país tiene derecho a impedir que narcotraficantes, terroristas o ciudadanos implicados en lavado de activos ingresen a su territorio. No es el caso del presidente de la JCE, en el cual se llegó al extremo de que una cónsul y otro funcionario, sin solicitar cita previa, se presentaron en el edificio de la JCE para informarle personalmente de la decisión y además hacerlo constar pidiéndole sus pasaportes para sellarles la cancelación.

No caben dudas que la revocación del visado tiene muchas lecturas. La primera de castigo al Dr. Roberto Rosario por su papel en el caso de la sentencia histórica 168-13, segundo por haber resistido las presiones del embajador que pretendía erigirse como observador electoral, cuestión sin precedentes en la historia comicial del país, y tercero, el más grave, enviar un mensaje a los senadores de la República de que no deben ratificar a Rosario al frente de la JCE.

Es bueno recordar que en la presidencia de Roberto Rosario se comenzó a despojar de documentos falsos a ciudadanos haitianos, y justamente esa correcta acción del tribunal de elecciones originó que una ciudadana haitiana incoara un recurso ante el Tribunal Constitucional que finalmente falló en septiembre con la histórica sentencia 168-13, en el sentido de que los hijos de los haitianos indocumentados no poseen automáticamente la nacionalidad dominicana desde la Constitución de 1929.

Inmediatamente la comunidad internacional, que pretende hacer cargar a la República Dominicana con la crisis haitiana, y sus acólitos locales, iniciaron una campaña contra el país. Posteriormente el Gobierno, buscando una salida salomónica, aprobó la Ley 169-14 para la regularización de los indocumentados y resolver el problema de unos cuantos miles que fueron dotados de documentos de forma irregular. De nuevo el papel de la JCE, bajo la presidencia de Rosario, fue clave, pues se actuó con pulcritud en la revisión de todos los casos e incluso aportó los equipos y parte del personal para esa tarea.

Cuando llega el periodo electoral se produce aquella famosa reunión entre Rosario y los embajadores de EU y la UE, ambos cuestionando que supuestamente se estaba negando la documentación a ciudadanos haitianos favorecidos por la Ley 169-14, pero sin lograr presentar pruebas; pero la tapa al pomo se la puso el embajador cuando pretendió erigirse en observador de las elecciones, cuestión intolerable pues la observación directa compete a organismos como la OEA. Algún día se conocerá la historia completa de la actitud hidalga del presidente de la JCE frente a las pretensiones de estos embajadores. Ahí mismo Rosario fue amenazado con la revocación de la visa, que parece es el arma de reglamento del embajador, pues ya en la charla ante la Cámara Americana de Comercio sugirió que entreguen su visado los que no aprueben sus políticas.

Lo que acaba de ocurrir ha sido un grave error del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque ha sido una agresión contra la JCE y el Estado dominicano.

El PLD debe poner sus barbas en remojo, porque no es necesario ser un avezado analista político para advertir que poderes supranacionales pretenden conformar una JCE dócil, quizás para contar con el Registro Civil para dar carta de ciudadanía a miles de haitianos; pero también pretenden, junto a cierta sociedad civil, atar de manos y ponerle un pañuelo en los ojos al PLD para llevarlo inutilizado al próximo ring electoral.