Hoy 
SORANGE BATISTA
s.batista@hoy.com.do
A casi tres meses de someterse por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el primer recurso de inconstitucionalidad contra los contratos de préstamos entre el Gobierno y la empresa Sun Land Corporation, el más alto tribunal permanece sin pronunciarse.
El 16 de octubre del año pasado el Foro Social Alternativo entregó a la secretaría general de la SCJ el primer recurso de inconstitucionalidad contra los contratos de 130 y 200 millones de dólares, firmados entre las partes a espaldas del Congreso Nacional.
A este recurso se sumaron dos sometidos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), uno el 18 y otro el 25 del referido mes.
Inicialmente el presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa, dijo que los recursos fueron remitidos a la Procuraduría General para fines de dictamen y que, aunque esa opinión no es esencial para que la SCJ falle, tenía por norma esperarla.
Sin embargo, advirtió que mientras se estuviera presionando para que el más alto tribunal fallara, no iba a poner esos recursos en agenda.
En medio de críticas sucedidas en torno al polémico contrato suscrito por el Gobierno para obras prioritarias en mayo del 2006, el 7 de diciembre del año pasado el gobierno lo disolvió, sin que con ello se frenaran las acciones que aún cursan en la justicia.
Procuraduría falló. El 31 de enero pasado el procurador Radhamés Jiménez pidió a la SCJ declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad incoada por el PRD, por considerarla improcedente y mal fundada. Antes había considerado esos sometimientos como politiquería.
Actualmente la opinión pública está a la espera del fallo de la SCJ sobre el caso, aunque algunos sectores consideran que el mismo se producirá posterior a las próximas elecciones.
Los contratos
Fueron firmados entre el Gobierno y la Sun Land por valor US$120 y US$130, sin la debida aprobación del Congreso.
Recursos:
El año pasado el Foro y el PRD sometieron tres recursos de inconstitucionalidad contra los contratos de préstamo.
Procuraduría:
En enero la Procuraduría pidió declarar acciones inadmisibles.
