RAFAEL TORIBIO
Con cada cambio de gobierno la zozobra se adueña de todo el sector público; todos los funcionarios y empleados, sobre todo los militantes del partido derrotado, temen ser sustituidos, tanto los que tuvieron un trabajo como también los que disfrutaron de un empleo. El temor se apodera por igual de quienes colaboraron con el gobierno saliente, en calidad de técnicos, sin ser del partido, como del personal administrativo con muchos años en el cargo y haberlo desempeñado en distintos gobiernos.

Esta situación se repite cuando un partido sustituye a otro en la conducción del Estado porque a falta de la puesta en ejecución de la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, aprobada hace ya más de una década, prevalece entre nuestros dirigentes políticos, de todos los partidos, un concepto patrimonial de la administración pública bajo el cual se establece que los cargos públicos, en todos los niveles, deben ser para los militantes del partido ganador y de sus aliados, sustituyendo la capacidad y la honestidad por la militancia y apoyo como criterios fundamentales para ocupar un cargo en el gobierno. Y así, en pleno siglo XXI, hablando de la sociedad del conocimiento, realidad virtual, corredores tecnológicos, analfabetismo digital y reforma del Estado, nos encontramos que los cargos de la administración pública no están en manos de funcionarios del Estado, sino de militantes del partido ganador y aliados y, dentro de ellos, de los más cercanos al Presidente de la República. En ocasiones, la administración del Estado ha estado en manos de los miembros de una tendencia política dentro del partido ganador de las elecciones.

En la administración pública, a grosso modo, existen estos distintos niveles de cargos: políticos, técnicos, administrativos, y de apoyo. De estar vigente la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la sustitución y permanencia de los funcionarios y empleados en cada nivel debe regirse por lo establecido en la ley. A falta de ésta, la prudencia, el sentido común y la necesidad de un funcionamiento adecuado en la administración pública debieran determinar el manejo de los que entran y de los que salen con cada cambio de gobierno.

Se entiende como razonable que una buena parte de los cargos públicos recaiga sobre personas pertenecientes al partido ganador. Es razonable esperar también que se observen  las disposiciones de la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa relativas al ingreso, especialmente en materia de capacidad, además de la militancia en el partido vencedor. Pero sucede que frente a la limitada aplicación de le ley, el concepto patrimonial imperante sobre la administración pública, la demanda desaforada de la militancia por cargos públicos y la utilización del clientelismo para mantener y ganar adeptos, el ingreso y desplazamiento de servidores públicos termina siendo una gratificación para los que ganaron y un castigo para los que perdieron, teniendo muy poco en cuenta los requerimientos de la administración del Estado en estos tiempos de globalización, competitividad y servicios públicos eficientes. Contrario a lo que se ha establecido como norma, y aún sin la aplicación de la olvidada ley de Servicio Civil, la sustitución de empleados y funcionarios públicos cada cuatro años pudiera hacerse de manera que se camine hacia la estabilidad y la profesionalidad en la administración pública, así como hacia la consolidación de la categoría de funcionarios del Estado dentro de quienes desempeñan un cargo público. Los cargos del nivel político, como son de confianza, deben ser ocupados por miembros del partido ganador y aliados; a los del nivel técnico y administrativo se les debiera dar permanencia por su capacidad y desempeño no partidario, y ser sustituidos sobre la base de criterios de capacidad, además de la militancia en el partido ganador. Los cargos de apoyo quedarían a la libre designación. Este procedimiento pudiera seguirse hasta tanto se decida aplicar la ley.

Pero en vez de un procedimiento como el indicado, esta vez, como en las anteriores, se procedió combinando el «e`pa`fuera que van» con el «entren`to», pero solo los míos y, dentro de éstos, los más cercanos. Salieron algunos que no debieron nunca haber entrado, pero también salieron algunos que debieron permanecer. Y ahora entran algunos que nunca debieron hacerlo. Además de que salen quienes debieron permanecer y entran quienes debieran seguir estando fuera, este sistema de ingreso a la administración pública, apartado de lo que indica la ley, que es una forma de violarla, impide que personas con vocación y disposición de trabajar como funcionarios del Estado puedan hacerlo al no estar dispuestas a que finalizado el gobierno se les trate como un militante incapaz del partido derrotado que es vez de un trabajo estuvo disfrutando de un empleo.

Estas son algunas de las razones por las cuales en el sector público hay escasa estabilidad y profesionalidad. ¿Cuándo se decidirá aplicar la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa para que un Estado que quiere ser moderno descanse en una administración pública moderna, y no patrimonial y clientelar?