A un año del terremoto no se han recogido la totalidad de los escombros, 800 mil personas permanecen en campos de refugiados viviendo en precarias carpas, agravada esa tragedia por el cólera que ha provocado más de 4,500 muertos, y para colmo de males en plena crisis por unas elecciones cuestionadas con una segunda vuelta pautada para el 16 de enero, sin que se hayan certificado los resultados de la primera, el periodo de Préval vence el 7 de febrero, mientras la OEA estudia una salida al conflicto.

Haití, considerado en la posición #12 del ranking de los sesenta “estados fallidos”, es el país más pobre del continente, 80% de la población por debajo de la línea de la pobreza, 54% por debajo de la extrema pobreza, con una tasa de analfabetismo de 47% y un ingreso per cápita (PPA) de apenas US$1,300 anuales (apenas el 15%  de RD).

La República Dominicana y sus autoridades dieron un ejemplo de solidaridad, siendo los primeros en llegar al terreno de la catástrofe e iniciar los rescates,  auxilio a los damnificados e incluso el traslado de millares para ser atendidos en nuestros centros hospitalarios, también la comunidad internacional acudió con presteza para mitigar el impacto del fenómeno, sin embargo a un año del terremoto los recursos para apoyar una reconstrucción se han quedado a nivel de buenas intenciones y de muchos cónclaves.

A un año del cataclismo la República Dominicana sigue cargando pesado, con más de 200 mil inmigrantes ilegales adicionales que sumados a 1.5 millones, estimados conservadoramente, nos convierten en importadores netos de miseria, analfabetismo,  enfermedades y lo que es peor de anarquía.

Con esa inmigración ilegal permanente se está incubando una bomba de tiempo social, cuyos primeros signos lo representan las comunidades dominicanas, como en Santiago, Hato Mayor y San Juan, que con todo el derecho reclaman la salida de esta nueva oleada de indocumentados, responsables del incremento de la criminalidad y del deterioro medioambiental.

Históricamente nuestros gobiernos nunca han adoptado una política migratoria frente al problema Haitiano.

De vez en cuando inician tímidas repatriaciones e incluso somos incapaces como Estado de dar una respuesta contundente a las ONG y organizaciones como Amnistía que en vez de reclamar la ayuda internacional a esa nación se dedican a cuestionar nuestro sagrado derecho de limitar la inmigración ilegal como lo hacen los EU y otros países.

El aumento sin límite del número de indocumentados, con todas sus repercusiones laborales, el deterioro de los índices sociales y el peligro de conflictos étnicos en un futuro inmediato, debe ser enfrentado por toda la sociedad y sus autoridades con la aplicación sin contemplaciones de la Ley de Migración y su reglamento aun pendiente de ser aprobado.