La comisión de técnicos privados que investigó por cuenta propia las circunstancias del trágico desagüe de la Presa de Tavera ha tenido que soportar en estos días ataques y amagos  de descalificación.

Su informe acerca de las que entiende fueron las causas del desastre  ha herido susceptibilidades pero, al  menos, hay que reconocer que hasta el momento no ha sido blanco de una descalificación auténticamente técnica, que le oponga criterios científicamente sustentables, como, por ejemplo, los que se presume ha debido rendir la comisión oficial encargada de investigar el caso.

Independientemente de supuestos o reales vínculos de alguno de sus miembros con algún partido político de oposición, la comisión de Santiago agotó una iniciativa válida y ha provisto a la sociedad dominicana de la única certificación que se tiene acerca de las posibles causas de la tragedia.

Para desmontar sus argumentos no sería suficiente atribuirle militancia o ideología  a todos o algunos de sus miembros, pues lo que ha expuesto esa comisión es lo que en tiempo prudente ha debido aportar la silente comisión técnica oficial, sin importarle que estemos en una  campaña electoral en la que se incluye  una apuesta por la reelección presidencial. Es probable que todo el revuelo provocado por el informe privado se deba, más que todo, al silencio de la comisión oficial. A veces callar provoca mucho  ruido.

Crónica de un traspié previsto

Sería una mezquindad restarle méritos a la iniciativa de la Junta Central Electoral (JCE), de reunir y arengar a los partidos políticos pretendiendo convencerlos de que abandonen la violencia verbal. Sin embargo, con todo y el aplauso, estaba previsto que ese encuentro concluiría en un traspié y que cada grupo trataría de sacarle provecho político a costa de atacar a quien creyera responsable del desentono. Desde luego, el fracaso del encuentro no ha sido responsabilidad de la JCE.

 Después de este desplante, los ciudadanos deberían cerrar filas para respaldar a la Junta en cualquier iniciativa disciplinaria que pretenda aplicar a quienes ofendan con el verbo y atropellen con los hechos a sus contrincantes políticos. De alguna manera hay que conseguir que nuestros políticos aprendan a respetar a los ciudadanos por cuyos votos postulan. Es hora de que la  disciplina se imponga sobre las voluntades de los indisciplinados.