SAN JOSE (AFP).- El presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, sortea una tormenta desatada por medios de comunicación locales, que lo acusan de actos reñidos con la ética, aunque el gobernante asegura que es víctima de un chantaje para obligarlo a enviar el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos a conocimiento del Congreso.

Este lunes, Pacheco fue internado en un hospital público por una crisis de hipertensión, que uno de sus allegados, el diputado y ex ministro de la Presidencia Ricardo Toledo, explica como producto del estrés que ha vivido en las últimas horas.

Los médicos que atienden al mandatario aseguraron que no se detectaron signos de infarto, pero ordenaron su internación por al menos un día para practicarle diversos exámenes.

Las relaciones del mandatario con el empresario español Bernardo Martín Moreno, quien pretendía obtener concesiones en un emprendimiento turístico del Pacífico costarricense, se convirtieron la semana pasada en materia de un escándalo que incluso provocó la caída del jefe de protocolo de la Presidencia, Jorge Arce.

Entre otros hechos, se reveló que Pacheco había ordenado nombrar a Martín Moreno como cónsul de Costa Rica en Sevilla, que su primo Rubén Pacheco es socio del empresario español y que Jorge Arce era, a la vez, asesor legal de la empresa de ambos y jefe de protocolo del presidente.

El escándalo, desatado por el diario La Nación, tuvo repercusiones en otros medios escritos y en noticiarios de televisión, que calificaron esas relaciones de «tráfico de influencias».

Una semana antes, Pacheco había sido objeto de duros ataques de esos mismos medios de comunicación por aceptar regalos de una empresa privada (el desarrollo turístico Cap Cana) durante una visita que realizó a República Dominicana, invitado por los propietarios de la misma compañía.

Entre los regalos se incluyó una membresía vitalicia del club, que en medio del escándalo el mandatario entregó a la Auditoría de la Presidencia, tras pedir disculpas por aceptarla.

Finalmente, se le reprochó a Pacheco el haber utilizado pasajes de avión donados por la aerolínea TACA, para hacer un viaje privado entre San José y Miami, Estados Unidos.

Aunque el Gobierno no ha desvirtuado los hechos señalados por la prensa, Pacheco aseguró que algunos medios «han montado una campaña tratando de poner en duda la integridad, la transparencia y la honestidad de este servidor».

Afirmó que no renunciaría a su inmunidad para enfrentar un eventual juicio por los hechos denunciados en su contra y sostuvo que los ataques provienen de sectores empresariales y políticos que quieren obligarlo a enviar el TLC a la aprobación del Congreso.

El gobierno de Costa Rica se ha negado a someter el acuerdo comercial al Legislativo, pese a la intensa presión que ejercen algunos sectores empresariales y políticos.

Los ataques de la prensa se intensificaron tras conocerse la reacción del mandatario.

«Una de las características del gobierno de don Abel Pacheco ha sido el temor de enfrentarse con gallardía, conocimiento y respeto con los hechos y con las personas… de aquí su recurso a la mentira, a la evasión y a la comicidad, y su arte en apelar a la compasión de la gente», editorializó el domingo el diario La Nación.

Telenoticias de Canal 7, en un hecho completamente inusual, emitió el viernes un comentario de sus directores, en el que acusan al mandatario de «tirar la piedra y esconder la mano» y lo conminan a revelar quiénes quieren obligarlo a entregar las empresas del Estado.

La prensa le reprocha al presidente no haber respetado las normas éticas que él mismo decretó para su gobierno desde que asumió el poder el 8 de mayo de 2002, y que han sido aplicadas rigurosamente a otros funcionarios públicos.

Este lunes, La Nación reveló que un nuevo reglamento emitido por Pacheco, establece sanciones laborales para los funcionarios que hagan comentarios o publicaciones que puedan «desprestigiar» a la Presidencia, lo que -a criterio de abogados consultados por la publicación- podría rozar el derecho a la libertad de expresión.

Pacheco terminará su administración el 8 de mayo de 2006, cuando entregue el poder a quien resulte electo en los comicios de febrero de ese año.