Aberración ante las funciones de senadores y diputados

El Estado dominicano, el Gobierno, tiene innumerables organismos cuyas funciones son las de ir en auxilio de las personas pobres, de los necesitados; o sea, a través de los programas sociales gubernamentales. Entre estos se encuentran el Plan Social de la Presidencia de la República, los Comedores Económicos, el Despacho de la Primera Dama, el Gabinete Social, etc.

¿A qué vienen estas menciones? A las criticas que se vienen produciendo y la aberración existente en las funciones de senadores y diputados que reciben mensualmente sumas millonarias para labores sociales, en franca violación a lo que establece la Constitución de la República sobre las funciones de los legisladores, que son las de legislar y fiscalizar.

Una información periodística reciente señala que desde septiembre de 2009 a mayo del 2014, los 321 senadores de la República, habrían recibido unos mil 53 millones de pesos por concepto del denominado fondo social o “barrilito” que funciona en el Senado. Los diputados tienen el “cofrecito”.

También en días pasados salió a relucir que los “honorables” senadores recibieron 176 millones de pesos para entregar electrodomésticos y otros utensilios a las madres dominicanas, por la celebración el pasado domingo 25 de mayo del Día de las Madres. Ya antes, en Semana Santa, los “honorables” diputados recibieron de la Cámara Baja 14 millones de pesos, para repartir productos para la elaboración de habichuelas con dulce en los días de la Semana Mayor.

Estamos, señores, ante una distorsión de las funciones de senadores y diputados, que se establece en el Artículo 93 de la Constitución de la República que en sentido general, los legisladores fueron elegidos para legislar y fiscalizar en representación del pueblo, detallando las atribuciones generales del Congreso Nacional.

En ninguna de las partes en que se habla de las atribuciones de senadores y diputados se expresa que los “honorables” tienen que sustituir las labores sociales o de otras índoles que tienen organismos gubernamentales.

Tampoco estipula la Constitución de la República que deben establecerse fondos especiales para el uso discrecional de senadores y diputados.

Prohibe la Constitución que legisladores legislen para favorecerse a sí mismo; y con la creación de los denominados barrilitos y cofrecitos para agenciarse fondos económicos, para usarlos de forma clientelar, senadores y diputados vienen violando flagrantemente la Carta Magna que juraron cumplir y respetar.

El país debería abocarse en crear un movimiento, tal como se hizo para la lucha por el 4% para Educación; como el que se creó para luchar contra la instalación en la zona de Los Haitises de una cementera, y propiciar una lucha en contra del barrilito y el cofrecito que funcionan en el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Hasta cuándo seguiremos con tantas aberraciones y distorsiones en nuestro ordenamiento gubernamental?