El presidente Luis Abinader conformó anoche un equipo de profesionales del derecho para que asuma la representación del Estado dominicano en las acciones resarcitorias y restitutivas de bienes, fondos y valores distraídos mediante actos de corrupción en pasadas administraciones y en la actual.

De igual forma, el mandatario declaró de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal, “a fin de que estos sean restituidos al erario y sean empleados en la ejecución de planes y proyectos de desarrollo nacional que redunden en la mejoría de la calidad de vida del pueblo dominicano”.

La medida fue adoptada a través del decreto 22-21, dado a conocer por la Presidencia de la República, el cual instruye a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para que proceda a la conformación de un equipo de abogados que asumirá la representación del Estado dominicano.

Con el citado decreto, el presidente Abinader designó al abogado Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo de profesionales del derecho y a los señores José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez, coordinadores.

Precisa el decreto 22-21 que el servicio jurídico que prestará el equipo de abogados se proveerá con una estructura operativa, organizada por área de especialización, que permita dar seguimiento metódico a su desempeño.

De igual forma, el Poder Ejecutivo delegó facultad en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para que pueda dejar sin efecto -si lo entendiese necesario para los mejores fines del proceso- a los abogados designados como coordinadores, y para contratar a quienes les sustituyan en tales funciones, en los mismos términos expresados en el presente decreto.

Mandato. Otorgó mandato expreso al equipo de coordinadores para que representen al Estado dominicano en los procesos judiciales y acciones legales de diversa naturaleza que sean identificadas como necesarias para recuperar bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio público bajo cualquier modalidad operativa, ya sea por sustracción, incumplimiento, desviación, así como por la comisión de infracciones o ilícitos penales; omisión, negligencia, imprudencia o cualquier violación a las leyes.

Precisa que los coordinadores estarán facultados para hacerse representar por cualquiera de los miembros de su equipo, en ocasión de la ejecución del mandato que establece el Párrafo I del presente artículo. Los coordinadores deberán, además, ejecutar su mandato en coordinación con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, a la cual deberán remitir, un informe trimestral, o cuantos fuesen requeridos del curso de los procedimientos y acciones que interpongan.