Abinader cree innecesario pacto por la trasparencia

Abinader cree innecesario pacto por la trasparencia

El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD, Luis Abinader, afirmó que el presidente Leonel Fernández no tiene ninguna excusa para no actuar contra la corrupción y mucho menos para proteger a los funcionarios de su gobierno implicados en la comisión de irregularidades administrativas.

Abinader, quien dijo que el ordenamiento jurídico del país provee todas las herramientas  necesarias para enfrentar la corrupción, el empresario y economista, consideró innecesario que el mandatario proponga  un pacto por la transparencia entre el sector público y el privado para enfrentar la corrupción.

Sostuvo que las cárceles dominicanas están llenas de ciudadanos del sector privado que han sido sancionados por incurrir en violaciones a la ley, mientras muchos funcionarios del Gobierno se reparten el presupuesto público con absoluta impunidad.  

Dijo que por su condición de jurista, el presidente Fernández debe conocer las disposiciones constitucionales y legales que  lo facultan  para actuar contra la corrupción sin necesidad de un acuerdo protocolar.

En tal sentido, le pidió al jefe del Estado que examine el artículo 102 de la Constitución de la República que dispone que: “Será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que para su provecho personal sustraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos”. 

Asimismo, recomendó revisar el párrafo 1 de la ley 120-01, que instituye el Código de Ética del Servidor Pública que establece que: “No podrán prestar servicio en una misma institución más de tres parientes o familiares  del titular de la misma o de cualquier otro funcionario que tenga poder de mando en dicha  institución”.

Indicó que el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero Radhamés Segura, admitió que en esa institución laboran 43 de sus  familiares, en clara violación del Código de Ética del Servidor Público.

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