POR ODALIS MEJIA
El coordinador del equipo ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Luis Carvajal, advirtió ayer que las autoridades no pueden dar señales equivocadas ni pueden postergar  la aplicación de la resolución que prohibe la extracción de arena en los cauces y riberas de los ríos, tal como pretende el sector de los granceros y  la construcción.

Carvajal reiteró que las autoridades están en la obligación de aplicar una medida complementaria e inventariar las reservas de materiales existentes para evitar especulación. Asimismo, advirtió que Medio Ambiente no puede asumir la responsabilidad de trasladar a los granceros a otras zonas de extracción fuera del área de los ríos.

“El único país que permite por presión política que se extraigan materiales de los ríos es éste y si el gobierno amaga y no da, eso tendrá  consecuencias ambientales y un alto costo político”, advirtió Carvajal.

El ambientalista denunció que al parecer existe un intento de un acuerdo mediante el  cual se pretende modificar la resolución,  acogiendo sólo el artículo primero que ordena la suspensión inmediata de la extracción en los cauces, lo que indica que la lucha por salvar los ríos entra en una nueva etapa.

Asimismo rechazó el argumento de los granceros de que el tiempo dado por la resolución, 90 días, sea corto, y que la medida encarecerá el precio de los agregados.