POR GERMAN MARTE
La dirigente magisterial María Teresa Cabrera manifestó ayer que para mejorar la educación en el país es imprescindible aumentar la inversión, manejar eficientemente los recursos destinados al sector y superar el clientelismo y criterio de propiedad privada con que maneja la Secretaría de Educación cada partido oficial de turno.

«La inversión de muchos recursos no garantiza la calidad en la educación, pero para lograr una educación de calidad es imprescindible aumentar de manera significativa y sostenida la inversión en el sector», resaltó Cabrera.

La principal dirigente de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte dijo que históricamente la República Dominicana se ha caracterizado por hacer una baja inversión en la educación.

Adujo que el año pasado a Educación se le asignó el 8% del Presupuesto Nacional, un 1% menos que lo asignado 14 años atrás, y apenas un 50% de lo dispuesto en la Ley General de Educación.

Cabrera hizo los señalamientos al ofrecer la conferencia «Situación de la Educación y la necesidad del Fortalecimiento de la ADP», en la sede del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (Codia). En el evento organizado por la corriente magisterial Juan Pablo Duarte participaron profesores de todo el país.

Dijo que durante el año escolar 2001-2002 el Estado invirtió RD$5 mil por alumno, mientras en un colegio privado de primera categoría la inversión fue de RD$50 mil. Añadió que según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el gasto en Educación en el país está 44% por debajo del promedio de la región.

La dirigente magisterial destacó que el grado de escolaridad promedio de la población dominicana es de 4.9 años, un 19% por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, y un 25% menos de lo esperado en función del Producto Interno Bruto del país.

Estos niveles sitúan a la República Dominicana entre los tres países que en las últimas tres décadas ganaron menos años de estudios promedio con un 1.5, incluso por debajo de Haití, que ganó 1.6.

Resaltó los datos ofrecidos por la Encuesta Enhogar 2005 que revela que durante el año escolar 2004-2005 se quedó fuera de las escuelas el 8.7% de los niños de 6 a 13 años, pues la matriculación fue de 91.3%, 90.9% para la zona rural y 92.1% para Santo Domingo. Añadió que de cada diez niños que ingresan al primer grado, sólo cuatro llegan al octavo.

Y en el nivel medio la situación es peor, dijo, «la tasa de ingreso es de 27.6%, lo cual es revelador de que una parte muy significativa de la población correspondiente a ese nivel está fuera del sistema educativo.

FALTAN AULAS

Cabrera subrayó que para el año escolar 2002-2003 el sistema educativo contaba con 25 mil 25 mil 881 aulas, para una población escolar de dos millones, 262 mil alumnos. Explicó que según los estándares internacionales para esa cantidad de alumnos se necesitarían 64 mil aulas, más del doble de la cantidad existentes, pues en cada aula no debería haber más de 35 alumnos.

Estos datos, según Cabrera, ofrecen una idea del grado de hacinamiento en que se desenvuelve la mayoría de las escuelas del país, con hasta 80 estudiantes por aula, en el nivel medio, y 60 en el básico.

SITUACION DE LOS DOCENTES

Tras señalar que la calidad de la enseñanza es un tema estrechamente vinculado a la calidad de vida de los docentes, Cabrera indicó que sólo el 46% de los maestros que trabajan en el nivel básico tiene acceso a la comunicación telefónica, y el 41% no posee servicio sanitario dentro de la vivienda. En tanto que el 10% no tiene televisor y el 19.6% no tiene nevera contra el 354.3% que no tiene estufas de gas ni lavadoras.

Adujo que estas informaciones extraídas del Censo de Recursos Humanos realizados por la propia Secretaría de Educación en el 2002, son reveladoras de las limitadas posibilidades del maestro para acceder a bienes materiales y culturales, «y esto afecta de manera directa las oportunidades de aprendizaje que se ofrece a los estudiantes».

Mientras esto ocurre, indicó, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), que está llamado a articular los servicios vinculados a la seguridad social de los maestros, está seriamente amenazado, porque se le retiene ilegalmente más de RD$1,600 millones descontados a los profesores para fondo de pensión y jubilación.

Asimismo, el seguro médico reduce cada vez más la calidad y la cobertura de los servicios.

«La burocracia administrativa está más empeñada en trasladar, cancelar y perseguir a los empleados que no responden a sus intereses políticos», expresó la dirigente de profesores.