El ex director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), Justo Pedro Castellanos, dijo ayer que ese organismo «agotó su vida útil» sin resultados positivos, por lo que debe ser clausurado para dar paso a un nuevo estamento anticurrupción creado por ley, que permita enfrentar ese flagelo de manera eficaz.

«Lo ideal sería crear una ley que fortalezca las atribuciones legales para enfrentar la corrupción, porque no se puede seguir la lucha mediante un organismo creado por un decreto del Poder Ejecutivo. En la actualidad hasta se desconoce cuáles funcionarios presentaron su declaración jurada de bienes», sostuvo.

Castellanos abogó por que las fuerzas políticas y sociales del país se pongan de acuerdo para que en los próximos meses se pueda aprobar el proyecto que crea la Oficina Nacional de Prevención y Persecución de la Corrupción o otra entidad

mediante una ley con la suficiente fortaleza orgánica y política para enfrentar el problema de la corrupción de una manera más efectiva.

«Si no se aprueba el proyecto que crea la oficina anticorrupción, entonces que se cree otra entidad mediante una ley», manifestó.

Castellanos admitió que el DEPRECO nació con debilidades orgánicas, que debieron ser fortalecidas por las autoridades legislativos y el Poder Ejecutivo.

«La vida útil del DEPRECO ha terminado o esta por terminar, por lo que se hace necesario apoyar las iniciativas que se encuentran en el Congreso», reiteró.

Recordó que tanto el Presidente Hipólito Mejía como el presidente electo Leonel Fernández Reyna han expresado su deseo de fortalecer la lucha contra la corrupción mediante la aprobación de proyectos que se encuentra en el Congreso desde hace seis años.

Dijo que en los últimos años las posibilidades del DEPRECO se han disminuido y los resultados de su trabajo son desconocidos por la población.

Manifestó que el DEPRECO se ha despreocupado en informar el nombre de los funcionarios que presentan sus declaraciones jurada de bienes y quienes no lo hacen.

«Anteriormente se rendía un informe a la sociedad dominicana cada tres meses sobre cuales funcionarios habían cumplido con la declaración jurada de bienes y cada aniversario del DEPRECO se hacía un acto público en el que se rendía un informe del trabajo realizado», agregó.

Castellanos alegó que ese tipo de práctica se ha perdido por alguna razón, lo que ocasiona que la sociedad desconozca lo que se ha hecho.

«Se tiende a pensar que lo que se ha hecho ha disminuido sustancialmente. Uno no sabe ya cuales funcionarios del Poder Ejecutivo han presentado su declaración jurada de bienes», dijo.

Sostuvo que como primer director del organismo anticorrupción es de opinión que no puede seguir enfrentando la corrupción en las actuales condiciones

«Te voy a decir algo que creo nunca he dicho, cuando se creó el Departamento estábamos consciente que lo ideal sería crear una entidad mediante una ley con las atribuciones que se les asignaban al DEPRECO», precisó.

Empero, recordó que esa ocasión el presidente Leonel Fernández no tenía mayoría congresional y se entendía que no había posibilidades de pasar eso (una ley anticorrupción), pero como existía el interés de comenzar a trabajar con relación al tema de la corrupción, entonces se decidió crear un departamento mediante decreto.

No obstante, Castellanos admitió que en el futuro se debía fortalecer la lucha contra la corrupción, mediante la aprobación de varios proyectos de ley, que según dijo, todavía a la fecha están en poder de los legisladores.

SOCIEDAD TIENE ANSIA DE QUE SE CASTIGUE A CORRUPTOS

De otro lado, Castellanos dijo tener la impresión de que la sociedad tiene ansias de que los funcionarios corruptos sean castigados de manera ejemplar.

Agregó que además crece en la población el descreimiento de las acciones para enfrentar la corrupción.

«La población desea justicia, pero hay también mucho descreimiento. La gente esta en disposición de colaborar para combatir la corrupción, pero quiere que se haga de manera justa y equilibrada», señaló.

Dijo entender que la población tiene la percepción de que el problema de la corrupción se ha manejado con intereses políticos.

«Pero esto no es lo que quiere la población, por la tanto no cree en esa lucha porque la perciben no como algo autentico, sino como un pretexto para lograr resultados políticos», precisó.

A su juicio la población una vocación autentica de las autoridades para enfrentar la corrupción, sin importar los intereses políticos y económicos ni el nivel social.