POR SOILA PANIAGUA
El presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) afirmó que sin una gestión presupuestaría “efectiva y eficiente”, la seguridad jurídica, la soberanía nacional y el desarrollo sostenible no están garantizados.

Servio Tulio Castaños Guzmán también dijo que en todas las etapas de la labor presupuestaría se debe establecer como eje fundamental la transparencia, que permita  la rendición de cuentas, tanto sobre el origen como del destino de los fondos consignados.

Castaños Guzmán habló en la última edición de la “Mesa Redonda sobre Cultura Cívica de Transparencia”, correspondiente a este año 2006, donde abordaron el tema “Mecanismos de Transparencia Presupuestaria para el 2007”.

Dijo que los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen una gran oportunidad para mostrar al país que la elaboración, ejecución, seguimiento y control de la gestión presupuestaria puede realizarse para contribuir a la consecución de los propósitos básicos de la política fiscal. Abogó  por la  eficiencia en la asignación de los recursos públicos en función de las prioridades del desarrollo nacional, la distribución del ingreso para una mejor cohesión social y propiciar la estabilidad macroeconómica.

Sostuvo que el presupuesto de una nación es uno de los instrumentos más importantes y esenciales para la formulación y ejecución de las políticas públicas y de ordenamiento de las finanzas y la administración pública.

“De él depende que deje de ser un ofrecimiento abstracto la satisfacción de las necesidades de los sectores sociales menos favorecidos o la adecuación del aparato estatal a las exigencias de la integración comercial o la globalización económica”, dijo.

Indicó que es cada vez más claro en un marco de pobreza y exclusión de las grandes mayorías, combinado con una crisis institucional o una inadecuada gestión del desarrollo económico, el destino nacional resultaría incierto.

“Por ello, los limitados recursos nacionales que se recogen en el presupuesto deben servir para estimular la mejoría de la calidad de vida y el desarrollo humano”, añadió. Manifestó que la reducción de la pobreza supone políticas sociales fundamentadas en la transparencia, en el fortalecimiento institucional y sobre todo, en la participación.

Añadió que de ahí que es necesario superar prácticas que distorsionan o encubren gastos o inversiones superfluas, en perjuicio de los verdaderos intereses nacionales.

Dijo que el problema que tradicionalmente ha representado la formulación del presupuesto en el país es que, por lo general, las normas que regulan esta tarea ofrecen altos grados de discrecionalidad en el manejo de los fondos presupuestados, haciendo que esa actividad dependa más de la voluntad de los funcionarios responsables de realizar este ejercicio que de los controles y directrices establecidos por las leyes creadas a esos fines.

“La FINJUS ha propugnado por mayores niveles de transparencia y control en la gestión de las finanzas públicas, entendida como un elemento imprescindible para el desarrollo sostenible de la nación “, apuntó.

Agregó que para lograrlo, se requiere la implementación de estructuras, de mecanismos y controles que desmonten las fallas del sistema para dar paso a la eficiencia y la equidad en la ejecución del presupuesto nacional, donde el Congreso debe jugar un rol más activo en lo que tiene que ver con la supervisión de la referida ejecución.