POR LLENNIS JIMÈNEZ G.
Reformar los centros de reclusión de niños y adolescentes infractores es lo más importante e imprescindible en este momento porque la función del sistema judicial es procurar reorientar la conducta de los menores, consideró ayer la jueza y Centro de Mediación, Arelis Ricourt.

Dijo que se pueden tener las mejores leyes y si los jóvenes serán enviados a esos sitios no funciona, ya que los recintos de reclusión de los jóvenes están terriblemente mal.

En tanto, la directora de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial, Carmen Rosa Hernández, opinó que el motín ocurrido el pasado 11 de este mes en el pabellón de menores de la cárcel de Najayo, evidencia la carencia de este sistema y que el centro no tiene el personal idóneo para estar al cuidado de esos muchachos.

Dijo estar opuesta a que los menores estén en la cercanía de la prisión de los adultos. Sostuvo que los menores internos (presos) no deben estar bajo el cuidado de los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), formados en la Escuela Nacional Penitenciaria, dependencia de la Procuraduría General de la República.

Expresó que los adolescentes no tienen programas de formación en los centros de reclusión donde puedan ocupar su tiempo y su educación, la que debe continuar dentro del centro.

Planteó que los menores infractores de la ley deben ser dotados de programas que garanticen su recreación, deportes, trabajo, aprender algún oficio y de miles de cosas que los mantenga ocupados durante el día.

Ricourt y Hernández manifestaron que la agresión que muestran los jóvenes en conflicto con la ley no puede ser frenada con agresión, con lo que lamentaron el incidente del 11 de este mes, en el que resultaron heridos cinco jóvenes y cuatro agentes VTP que estaban a su cuidado y a quienes los muchachos acusan de maltratarlos.

Cuando las magistradas se refirieron a la necesidad de invertir más recursos para la atención de estos jóvenes, al igual que todo el sistema penitenciario, se le recordó que el Estado a través de la Procuraduría General de la República plantea que carece de los fondos para cubrir la totalidad el presupuesto que implica el nuevo modelo penitenciario. Sobre todo parece, hubo quienes criticaron que el Estado no cuente con dinero para atender a los presos y que se gasten millones de pesos en la campaña interna de un político, al extremo de que un precandidato presidencial invierta RD$71 millones en promoción.

Ricourt y Hernández precisaron que los centros que están al cuidado de los niños y jóvenes en conflicto con la ley deben ser dirigidos por psicólogo, psiquiatras, educadores y los demás profesionales de la conducta humana y la educación.

Hernández dijo que en lugar de los VTP, los centros de menores deben estar vigilados por la Policía Judicial especializada, debidamente capacitada para esta labor.

Indicaron que el aumento de la infracción por parte de menores demuestra la poca atención que las familias están dando a los hijos.

Asimismo, anunció que la Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y Adolescente propicia la realización de un estudio con relación a los adolescentes en conflicto con la ley penal, el que adelantó que va a arrojar muchos datos.