El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) abogó ayer porque el Estado acabe con la permisividad que ha tenido por años ante el incumplimiento de las leyes de tránsito y de la Constitución en el sector transporte del país.
La entidad busca que el transporte de carga y de pasajeros sea eficiente y de calidad y con un precio justo.

Según informó Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del Conep, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el costo del transporte en República Dominicana es más de cinco veces más caro que en cualquier país de Centroamérica. Por otro lado, de acuerdo al Banco Central, entre el 25 y el 30% del salario de una persona se gasta en transporte.

“Es decir que un tercio del salario de las personas va al sector transporte. Esto encarece el costo de la vida en el país y los productos deben pasar por un transporte malo, caro y arcaico y además ineficiente, que establece unos costos altos, pues llegan más caros a los consumidores”, afirmó Paz.

Hoy, 15 de noviembre, se conocerá la audiencia de la acción de amparo que interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el Conep junto a 90 entidades empresariales y de la sociedad civil con el objetivo de darle libertad y dignidad al sector del transporte del país.

Paz explicó que esta acción es contra 12 entidades públicas que están vinculas al sector de transporte, para que el TSA les hagan cumplir las leyes dominicanas y eliminen toda la estructura que por años los grupos llamados sindicatos han montado en perjuicio de los usuarios.

Destacó que hay un orden jurídico sobre el transporte que debe cumplirse y garantizarse los derechos fundamentales a la libertad de contratación y libertad de empresa que tienen los dominicanos y las empresas.

Paz expuso que los sindicatos han impuesto su forma de actuar a sangre y fuego y no se someten a ningún tipo de institucionalidad. “A través de poder y un ejercicio de fuerza, estos transportistas se han puesto por encima de la ley y han arrodillado no solo al Estado sino a la sociedad dominicana”, expuso.

No son sindicatos. Expuso que las empresas del transporte se hacen llamar sindicatos pero no lo son, a pesar de que tienen un registro como tal en el Ministerio de Trabajo, pero la ley establece que para ser sindicato se debe ser de empleadores o empleados, no de ambos a la vez.

“Estos sindicatos tienen dueños de guagua, empresas, sindicatos de choferes, de operarios, entre otros. Que además definen los precios. En los puertos del país han instalado retenes en la entrada y salida donde cobran. Todo esto sin autorización legal, todo esto encarece los costos de transporte”, dijo.

Sobre este tema entiende que tanto la Policía Nacional como al Ministerio de Defensa deben destruir estos cobros ilegales en puertos, parques industriales, calles y avenidas.