La abogada especial designada por el Estado para el caso Bahía de las Águilas, Laura Acosta Lora, informó este domingo que el expediente del caso se encuentra en grado de apelación luego de que fuera emitida una sentencia favorable para el Estado, ya que, reconoció el derecho de propiedad que tiene el mismo sobre la totalidad de la parcela en conflicto.

Explicó  que hasta ahora hay 70 recursos de apelación que fueron presentados por al menos 200 partes de reclamantes, y que el proceso ya fue apoderado al Tribunal Superior de Tierras, y la próxima audiencia será a finales de marzo.

Entrevistada en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que cada domingo se transmite por Antena Latina canal 7, la abogada expresó «siempre he dicho que el litigio no impide en modo alguno el desarrollo turístico de la zona de Pedernales, ni de la parcela en su totalidad, ya que el Estado dominicano es el legitimo propietario. Cuando concluya el conflicto y alguien entiende que tiene algún derecho y obtiene ganancia de causa el Estado debe resarcirle».

Asimismo, sostuvo que en el caso de que alguien resulte con ganancia de causa en el caso Bahía de las Águilas,  y se le reconozca un derecho por parte de una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no es posible que el Estado dominicano no pueda iniciar el desarrollo de esa zona esperando un litigio, «debe ser aquel que reclama el que espera el litigio para poder tener derecho», aseguró.

En tanto, destacó que si la instrucción en apelación de este proceso transcurre igual que el proceso en primer grado, ella espera que para este año se obtenga una sentencia en segundo grado, «y si algunas de las partes entiende que debe recurrir en casación, o nosotros, en caso de que el Estado no obtenga ganancia de causa, espero que en este año se produzca  la sentencia de apelación, la instrucción de la apelación y la conclusión del proceso de segundo grado», precisó.

La abogada dijo que si hay necesidad de  un tercer grado de jurisdicción, en este caso la Suprema Coste de Justicia (SCJ), que sea introducido en este mismo año.