La abogada Rhina Marcano de Prats negó ayer que haya provocado desórdenes en la iglesia  evangélica Puerta de la Misericordia como denunciaron grupos evangélicos y mostró los documentos legales en los que figura como dueña de los terrenos en que está el templo. 

Negó haberse presentado de manera ilegal y arbitraria con un grupo al  recinto religioso como denunciaron un grupo de iglesias evangélicas.  Explicó que se trató de un desalojo forzado amparado en una sentencia judicial y que contó con la presencia de un juez de paz.  Manifestó que lleva 20 años en los tribunales con el proceso y que todo comenzó con que los feligreses  invadieron el terreno que, asegura, no ha podido recuperar ni con las sentencias y títulos de propiedad que posee.

«Yo necesito la fuerza pública, ya no hay manera de tratar con esas personas», expresó.

Dijo que el proceso con los que llama invasores ha agotado todas las instancias judiciales posibles y en todas ha tenido ganancia de causa. «Yo tengo certificados de títulos definitivos. La sentencia de la SCJ establece que ellos no tienen ningún derecho para estar ahí y hacen caso omiso a las órdenes de paralizaciones de construcción», insistió.

Marcano explicó que han agotado dos procesos verbales de desalojo y que por último se autorizó el uso de la fuerza pública que ella ejerció. «Tengo la orden firmada por el abogado del Estado».  También presentó una certificación del Concilio de Iglesias Asamblea de Dios que señala que la iglesia Puerta de la Misericordia no pertenece a la organización como afirma.